Trasladan a dos hermanas por amenazas de bomba
Las menores –quienes fueron trasladadas en estado de libertad- son dos hermanas de 16 y 17 años, las que fueron identificadas por intimidación pública reiterada. También se secuestraron sus teléfonos celulares.
Según indicaron desde la PDI las amenazas fueron cometidas en dos oportunidades contra la escuela Cristo Obrero y en, al menos una oportunidad, contra el Hospital Iturraspe.
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La semana pasada, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe dio a conocer que se avanza en el estudio de las herramientas legales necesarias para que los cargos que suponen los operativos de despliegue policial en estos hechos sea asumido por los padres de los menores que realizan las supuestas bromas.
En promedio, cada operativo policial supone una erogación de 45 mil pesos, monto que actualmente es pagado por todos los ciudadanos con sus impuestos.
Días atrás también fueron detenidos cuatro adultos titulares de las líneas telefónicas desde las que se llevaron a cabo amenazas de bomba a instituciones educativas de Rosario.
Estas personas, progenitores de los adolescentes que hicieron las llamadas o prestaron sus teléfonos para tal fin, permanecieron detenidos y fueron imputados del delito de intimidación pública.
El titular de la PDI, Mario Monzón, explicó: “desde el Ministerio de Seguridad se estás evaluando los costos que implican las intervenciones frente a cada uno de estos llamados. Hay que tener en cuenta el personal que se utiliza en el momento del hecho mismo, el personal que concurre, los insumos que implica. Eso en un primer momento, cuando se genera la llamada. Después, cada llamado abre una investigación: estamos cerrando investigaciones que se iniciaron en el mes de julio y agosto, mas todas las que están en curso. En la mayoría de los casos, a excepción de los recibidos en la EPE y Cablevisión, son siempre menores -por ende, interviene la justicia de menores”.