La Justicia ordenó la prisión preventiva a un hombre investigado por amenazas al intendente de la ciudad de Avellaneda, Gonzalo Braidot. El suceso ocurrió el martes pasado y derivó en la apertura de una causa judicial a cargo de un fiscal del Ministerio Público de la Acusación.
La reciente resolución judicial fue ordenada por el juez Martín Gauna Chapero, tras avalar un pedido impulsado por el fiscal Sebastián Galleano durante una audiencia realizada el último viernes en los tribunales de Reconquista.
Amenaza telefónica al intendente
El acusado fue identificado como J.G.A. tres ser imputado como presunto autor de amenazas coactivas agravadas. Según Fiscalía, llamó a la víctima a las 3:00 de la madrugada y luego le mandó mensajes de audio a través de WhatsApp. Posteriormente, lo amenazó de muerte y también le exigía que tome decisiones como funcionario público que hubieran afectado a terceras personas.
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El intendente de la ciudad de Avellaneda fue víctima de amenazas.
“El ilícito que investigamos fue cometido alrededor de las 3:00 de la madrugada del martes”, detalló el fiscal mediante un comunicado de prensa en donde además argumentó que “el imputado inició una secuencia de comunicaciones dirigidas al intendente Braidot que tenían como objetivo condicionar su accionar como funcionario público”.
En este sentido, el funcionario judicial indicó también el imputado llamó telefónicamente al intendente, quien no atendió la comunicación. Sin embargo, segundos después, la víctima devolvió la llamada, el hombre investigado lo atendió y lo insultó en tono hostil, alterado y agresivo, sin permitir un intercambio normal de palabras, ante lo cual, el intendente finalizó la comunicación.
Mensajes intimidantes
Tras cortarse la llamada, el imputado continuó con su conducta y le envió al intendente al menos cinco mensajes de audio a través de Whatsapp, en los cuales desplegó un discurso violento y coactivo.
Galleano explicó que “el imputado no sólo amenazó de muerte a la víctima, sino también le impartió exigencias concretas vinculadas a su desempeño funcional, incluso vinculadas a terceras personas”. En tal sentido, subrayó que “el imputado reforzó el carácter coactivo mediante una amenaza condicionada de máxima gravedad, introduciendo la posibilidad de causar la muerte de un tercero como mecanismo de presión ilegítima”, argumentó.
El funcionario del MPA indicó que “el imputado también incorporó una amenaza adicional de índole institucional, con la que intentó doblegar la voluntad del intendente mediante la exposición pública y el descrédito”.
“El imputado actuó de forma deliberada”, remarcó el fiscal y agregó que “su accionar estuvo siempre orientado a imponer su voluntad sobre un funcionario público mediante la amenaza de un mal grave, concreto e inminente”. En tal sentido, Galleano concluyó que “las manifestaciones del hombre investigado fueron ideóneas para generar temor serio en la víctima, quien en la Fiscalía manifestó haberse sentido efectivamente atemorizada”.
