La historia de El Colombianito, un hombre clave en la guerra entre Los Monos y Los Menores
Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, de origen colombiano, fue deportado en 2023 y regresó sin que nadie lo viera. Desde un departamento del centro de Rosario comenzó a mover los hilos de la guerra entre lo que queda de Los Monos y una banda que crece sin pausa: Los Menores.
La Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo a El Colombianito en un departamento ubicado a tres cuadras del Monumento a la Bandera.
Había prometido no volver. O al menos eso exige la ley argentina cuando deporta a un extranjero condenado por narcotráfico y tenencia de armas de guerra. Pero Víctor Sleyner Acevedo Figueroa, colombiano, 33 años, conocido en los circuitos del crimen organizado de Rosario como El Colombianito o el Nene, nunca fue hombre de cumplir promesas que no le convenían.
El 3 de agosto de 2023 fue escoltado por agentes federales hasta el aeropuerto y embarcado rumbo a Colombia, luego de purgar en la cárcel de Piñero una pena unificada por venta de drogas y portación de material explosivo y arma de fuego de guerra. El sábado 28 de febrero de 2026, la Policía de Seguridad Aeroportuaria lo detuvo en un departamento de Belgrano al 900 B, en el centro de Rosario, a tres cuadras del Monumento a la Bandera.
Nadie sabe exactamente cuándo volvió ni por dónde entró. Los investigadores dan por descontado que lo hizo a través de algún paso clandestino. Lo que sí saben es que en esos meses de anonimato forzado, el colombiano tomó precauciones que delataban a un hombre acostumbrado a operar en la sombra: salía únicamente en horario nocturno, cubría su rostro en la calle, se ejercitaba dentro del departamento para evitar los parques.
No era paranoia, era disciplina. La misma que había aplicado dentro de la cárcel de Piñero cuando, siendo delegado de pabellón, siguió moviendo negocios de narcomenudeo mientras cumplía su condena.
Al momento de la detención arrojó tres celulares por la ventana. Cayeron en la obra lindera. Los recuperaron los agentes de la PSA, y ahora van a ser peritados.
Quién es El Colombianito
La historia de Acevedo Figueroa no es solo la de un reincidente que desafió una orden de expulsión. Es también la historia de cómo un operador de origen colombiano encontró en Rosario el ecosistema perfecto para actuar: una ciudad fracturada entre bandas que se matan entre sí, un corredor carcelario donde los jefes siguen mandando desde adentro —a pesar de las restricciones y controles— y un mercado de sicarios juveniles que trabajan por 200.000 pesos la noche.
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El material secuestrado de los agentes de la PSA.
La chispa que lo trajo de vuelta a la escena fue una guerra que ya llevaba meses cocinándose y que en el último fin de semana largo de febrero terminó de estallar. Desde hace al menos un año y medio hay una disputa territorial que transcurre por debajo del radar mediático pero que los investigadores siguen de cerca: el enfrentamiento entre lo que queda de Los Monos —debilitados, desarticulados, pero no extintos— y una banda en expansión que los desafía todo el tiempo, conocida como Los Menores, que en realidad es una especie de cooperativa narco, donde recayeron personajes que tributaron también para Los Monos.
En un periodo más largo, los últimos dos años, fueron ejecutados de manera quirúrgica unos 15 miembros del clan Cantero. Los crímenes parecían inconexos, sin firma visible. No lo eran. Los investigadores los atribuyen a sicarios de Los Menores.
El terreno en disputa es el sudoeste de Rosario, en particular la zona que conecta el barrio Toba con La Lagunita, donde Los Monos tienen sus últimas posiciones bajo la figura de Máximo Cantero, El Viejo, quien operó desde Vía Honda hasta su detención en 2021.
Los Menores, que ya controlan la barra brava de Rosario Central y tienen puestos los ojos en la de Newell's —todavía bajo influencia de un sector del clan—, vienen avanzando sobre esos territorios con una metodología que no deja dudas sobre su intención: no solo quieren la droga, quieren las casas. En las últimas semanas se registraron maniobras en Vía Honda para sacar familias de sus viviendas y convertirlas en puntos de venta.
El fin de semana del 14 al 16 de febrero fue la chispa. Un homicidio y al menos dos baleados en el barrio Toba marcaron el inicio visible de la escalada. Lo que vino después fueron cuatro ataques en distintos puntos de la ciudad, todos con la misma firma: notas amenazantes dejadas junto a los casquillos, dirigidas a reclusos del pabellón 3 de Piñero.
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El colombianito purgó en la cárcel de Piñero una pena unificada por venta de drogas.
En Rosario los mensajes a tiros funcionan como un sistema de comunicación paralelo. El objetivo no siempre es asesinar, aunque a veces matan. La función primaria es hacer llegar un aviso a alguien que está del otro lado de un muro carcelario. Los heridos circunstanciales —un docente que estaciona su auto, una familia que cruza la calle, el dueño de una camioneta que no sabe nada de nada— son el soporte físico del mensaje. La violencia no necesita precisión: necesita volumen y visibilidad.
El domingo 22 de febrero a las 16, dos hombres en moto llegaron al estacionamiento del Carrefour de Chacabuco y Ocampo, en el barrio República de la Sexta, y dispararon al menos nueve veces. Uno de los proyectiles, calibre 9 milímetros, impactó en el tórax de un docente de 33 años que ingresaba al comercio sin sospechar nada. Fue trasladado al sanatorio Laprida en estado estable. Junto al cuerpo, los policías encontraron un papel. Era una nota.
Cuarenta y ocho horas después, en Zelaya al 1300, en el barrio Parque Casas de la zona norte, una ráfaga de disparos perforó una Fiat Strada gris con al menos 13 impactos. El dueño, 57 años, encontró en el parabrisas destruido otro papel con otro mensaje, para el mismo destinatario que el anterior.
Esa misma noche del martes, a las 21.40, en Aguzzi y Espinosa, La Lagunita: cuatro heridos. Nazareno G., 22 años, múltiples impactos. Ramón V., 47 años, lesión dorsal. Mia G., 17 años, balazo en la pierna derecha. Una nena de 6 años rozada por un proyectil. Los tres adultos, al Hospital Clemente Álvarez. La niña, atendida en el lugar.
El cuarto ataque fue contra un supermercado chino en Felipe Moré y Lejarza, en la zona oeste. Misma mecánica: motos, disparos, papel.
Todos los mensajes iban dirigidos a dos reclusos del pabellón 3 de Piñero: Federico García y Claudio Nahuel Canavo, alias Churro, condenado en 2021 a 17 años de prisión por haber sido uno de los gatilleros en la serie de 14 atentados contra sedes judiciales que sacudió Rosario entre julio y agosto de 2018, cuando Los Monos respondieron con balas las condenas a sus jefes. En esa saga, Canavo fue juzgado también por el homicidio de Marcelo Álvarez y fue ubicado por los fiscales como un operador cercano a Lucía Uberti, quien coordinaba los tiroteos por instrucciones de Ariel Guille Cantero desde la prisión. Churro sigue preso. Pero su nombre volvió a circular en los papeles que aparecen junto a los casquillos.
El papel de El Colombianito en los ataques
Para los investigadores, Acevedo Figueroa fue el cerebro detrás de al menos tres de esos cuatro ataques. La investigación que desarrollaban los fiscales federales capitaneados por Matías Scilabra por venta de drogas confluía con las pistas de los atentados. El juez de Garantías Eduardo Rodrígues Da Cruz autorizó los procedimientos. Hubo seis allanamientos en Rosario —en las calles Belgrano, San Juan, Alvarado, Oliden y Pascual Rosas— y uno en la localidad de Roldán. En el pasaje Oliden al 4200 los agentes incautaron dos pistolas, municiones, un cargador circular con capacidad para 50 proyectiles y un ladrillo de cocaína con balanza de precisión. Otros tres sospechosos fueron detenidos en distintos puntos de la ciudad.
Fuentes del caso indicaron que los atacantes que ejecutaron las balaceras son jóvenes que no necesariamente pertenecen a la organización: son contratados por el equivalente a 200.000 pesos la noche. El Colombianito –según indicaron las fuentes- no ensucia sus manos. Llama, negocia, da la dirección y espera el resultado.
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Armas secuestradas por los agentes de la PSA.
Hay un detalle que los investigadores conocen bien y que suma una capa de complejidad al cuadro: en Rosario, a veces los carteles que aparecen en los atentados no acusan al verdadero responsable sino que apuntan a un rival, para que el Estado actúe sobre él. Esteban Alvarado, uno de los narcos más poderosos de la ciudad, fue quien expuso esta lógica con el asesinato del prestamista Luciano Maldonado: al lado del cadáver habían dejado un cartel con el lema de Los Monos, cuando en realidad el crimen había sido ordenado por él desde la cárcel. Que los mensajes de los últimos ataques apunten a Canavo —figura del riñón de Los Monos— no es necesariamente una confesión. También puede ser una trampa.
Lo que permite que un hombre deportado vuelva a operar en Rosario como si nada, a pocas cuadras del símbolo patrio más fotografiado del país, no es solo la permeabilidad de las fronteras. Es el entramado de contactos que Acevedo Figueroa construyó durante sus años de prisión en Piñero, donde fue delegado de pabellón, una figura que en la jerga carcelaria argentina equivale a administrador del orden interno de un pabellón, con la autoridad informal que eso implica sobre los otros internos. Las investigaciones de su primera etapa detectaron que siguió operando desde adentro. Cuando salió —o más bien cuando lo sacaron—, esa red seguía intacta.
Enero de 2026 había cerrado con seis homicidios en Rosario, el registro más bajo en muchos años. Pero los heridos de bala llegaron a 47, una cifra que preocupó a los investigadores: la puntería escasa de los sicarios juveniles, y no necesariamente una voluntad de no matar, era lo que explicaba la diferencia. La tregua estadística de enero terminó de romperse en febrero, cuando el escenario de baja intensidad entre Los Monos y Los Menores pasó a tener nombre, apellido y pasaporte colombiano.
Víctor Sleyner Acevedo Figueroa fue imputado por intimidación pública como instigador y autor intelectual. En los próximos días enfrentará audiencia ante la Justicia. Los celulares que arrojó por la ventana están en el laboratorio. Lo que digan esos teléfonos puede ser tan importante como su propio expediente. En un conflicto donde las órdenes viajan cifradas entre la cárcel y la calle, un teléfono es casi siempre la prueba más grande.
