Defensores y fiscales cuestionan el trabajo del procurador Barraguirre
Allí, los funcionarios judiciales cuestionan los modos y el accionar del procurador de la Corte. Plantean que Barraguirre no acepta opiniones ni criterios diferentes y por hacer ademanes obscenos.
“Con gran pesar, pues hubiésemos preferido evitar la exteriorización de esta disconformidad colectiva en contra del procurador general, ya que la misma afecta a la institucionalidad que durante tanto tiempo venimos defendiendo y sosteniendo”.
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La misiva relata que Barraguirre “Imparte directivas que avasallan la esfera funcional de actuación de quienes ejercen el ministerio publico fiscal y la defensa” y detallan: “imposiciones personales, malos tratos de tipo personal y funcional, amenazando en caso de no cumplir con severas sanciones disciplinarias, llegando a pedirnos a muchos la renuncia”.
En otro punto los funcionarios cuestionan que el procurador “realiza un control inverosímil e injustificado a través de los funcionarios / choferes de la procuración, al limite del acoso laboral por “excesivo” control de cumplimiento de asistencia y horarios”.
Por último destacan lo que entienden como “contradicciones” en el sistema de conclusión de causas. Según relatan en la nota presentada ante la Corte, Barraguirre ejerce su función jurisdiccional respecto de la finalización del Sistema Conclusional con un criterio personal que, según ellos entienden “tiene un mensaje contradictorio entre lo que expresa en los medios de comunicación y lo que dispone luego en las instrucciones dirigidas al Ministerio Público”.
Los funcionarios cuestionan en su nota que estas medidas provocaron un “retardo procesal” en el sistema conclusional y detallaron que en febrero pasado, convocó a los fiscales para que “activaran todas las causas posibles”, incluso en aquellas que estaban vencidos los plazos vigentes; y en la misma línea, reunió a los jueces penales del sistema residual.
Según los denunciantes, Barraguirre “amenazó a fiscales con aplicarles sanciones severas en caso de que utilizaran el instituto del Principio de Oportunidad para cerrar las causas sin trascendencia”. Y, a la vez, “pretendió que la Defensa asesorara a las víctimas e interviniese como parte querellante en las distintas causas; al explicarle a través de la Defensoría de Cámara que dicha intervención correspondía a los CAF (Centro de Acción Familiar) y CAJ (Centro de Asistencia Judicial), expresó que era ‘para probar como experiencia piloto’ ”. Esta conducta, según entienden, “resulta contradictoria con el mensaje que tiende a optimizar recursos para finalizar con el Sistema Conclusional conforme a las pautas legales establecidas”.
La nota finaliza con el pedido que los fiscales y defensores del “viejo sistema” reclaman a la Corte: que disponga las medidas conducentes para “salvaguardar la institucionalidad y el buen funcionamiento del Ministerio Público de la provincia; “se tome conocimiento del funcionamiento del sistema conclusional”, y se hagan cesar las actitudes impugnadas.