Megabanda: preventiva para 5 de las 6 personas imputadas
Confirmaron la prisión preventiva en la causa de Bernardo de Irigoyen
En el fallo, el juez de Cámara Fernando Gentile Bersano explica por qué rechazó los recursos de invalidez que cuestionaban la investigación en su totalidad; el secuestro de un teléfono celular y su consecuente intervención para escuchas; las recusaciones de los jueces intervinientes en la IPP y la vulneración del derecho de defensa, confirmando en su totalidad el fallo de primera instancia que impuso la prisión preventiva para los imputados.
La defensa de los acusados de formar una megabanda delictiva que cometió un golpe comando en la localidad de Bernardo de Irigoyen solicitó ante el tribunal de alzada que se invalide la totalidad de la investigación y que se disponga la libertad de los imputados.
Te podría interesar
En marco de la audiencia de apelación, como ya lo había realizado en las audiencias imputativas y de prisión preventiva correspondientes, con su consecuente rechazo, el dr. Berizo insistió que el inicio de la investigación estaba viciado al originarse en el secuestro de un teléfono celular, tras el fallecimiento de uno de los involucrados en este denominado “golpe comando”.
El juez revisor volvió a rechazar este argumento, al coincidir con el alegato fiscal: la investigación se originó con el hecho delictivo, y el acto de secuestro del teléfono celular fue realizado conforme a procedimiento; al tiempo que se contaba con otras líneas de investigación para colectar la evidencia. De este modo, la cámara de apelaciones valida tanto el origen de la investigación como la evidencia obtenida desde ese momento.
En cuanto a la inexistencia del mandato judicial para hacerse del aparato telefónico, la fiscalía argumentó sobradamente la urgencia ya que la mujer propietaria del teléfono vive en otra provincia y al momento de su declaración se estaban realizando muchas medidas investigativas en una causa que contaba con varios involucrados, la mayoría de ellos en ese momento prófugos y sin identificar.
Una vez más el camarista avala la visión de la fiscalía, al entender que la diligencia se ajustó a la normativa procesal.
Pero la defensa no sólo cuestionó el secuestro del celular, sino también las intervenciones telefónicas, claves para el desarrollo de la investigación.
Gentile Bersano entiende que el MPA “contaba con elementos suficientes para fundar el pedido de intervención de diversas líneas telefónicas, y consecuentemente, los jueces de la IPP podían motivar el despacho de dichas diligencias”, por la compleja investigación que estaba en curso.
El dr. Berizo había solicitado también que tanto el dr. Pocoví como el dr. Falkenberg no intervengan en sendas audiencias de la IPP ya que habían sido quienes autorizaron las intervenciones telefónicas, cuestionando su imparcialidad al momento de tener que resolver el planteo de invalidez de las escuchas.
Ambos magistrados rechazaron la recusación realizada por la defensa, cuestión que fue avalada por el camarista. En el fallo, Gentile Bersano explica que la audiencia imputativa “no es el ámbito en el cual la judicatura debe resolver la invalidez de una evidencia”; y en relación a la audiencia de prisión preventiva, se entiende que autorizar las intervenciones telefónicas fue un mero trámite que no afectan la imparcialidad del juez al momento de decidir sobre la medida cautelar.
En varias oportunidades los defensores han planteado que la fiscalía no brinda el legajo investigativo para que la contraparte pueda preparar la defensa del imputado.
En este caso el camarista rechaza este planteo al considerar que la evidencia fue presentada de manera exhaustiva en las mismas audiencias, recordando incluso que el magistrado hizo una observación a la acusación por lo extensa que se estaba tornando la audiencia.
Entiende Gentile Bersano que “no medió reticencia ni malicia de parte de la fiscalía y que no resultó afectado derecho alguno porque la defensa contaba con los elementos suficientes para defenderse”.
Finalmente, el camarista entiende que en este caso se dan los tres recaudos para imponer (y mantener) la prisión preventiva: la eviencia que vincula a los cinco imputados entre sí, con el lugar del hecho, y con las actividades delictivas endilgadas. Además, al contar todos los imputados con antecedentes condenatorios, la pena en expectativa será de efectivo cumplimiento. Por último, la peligrosidad procesal de personas que se enfrentan a una posible condena, y que además no viven en Santa Fe y en estado de libertad pueden influir en testigos y en la prueba restante, hacen que el juez de cámara confirme en su totalidad la decisión del dr. Falkenberg y mantener la prisión preventiva para los cinco imputados.