Un juez federal, entre la cruz, la droga y sobornos millonarios

Por Germán de los Santos

La cruz de madera maciza, pesada, color natural, de un metro de largo, colgaba de la pared del fondo del despacho del juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila. Cuando el visitante se sentaba en el escritorio, frente al magistrado, sobre su cabeza de pelo encanecido y prolijamente peinada se veía la cruz. El efecto que buscaba Soto Dávila era que su cuerpo y la cruz fueran una sola figura.

En noviembre el juez pegó un puñetazo contra el escritorio incendiado por la bronca, luego de que se hiciera pública la declaración de un narco arrepentido en la llamada causa Sapucay, que recordaba que había participado en las fiestas que organizaba en un yate en Paso de la Patria, Corrientes, el ex intendente de Empedrado Juan Manuel Faraone, quien cargaba en su barco con algunos alicientes para congraciar al magistrado: prostitutas, cocaína y champán.

A Soto Dávila, que había estado desde 1993 al frente de un juzgado clave de la frontera con Paraguay, lo irritaba esa confesión. Le molestaba que se conocieran detalles íntimos de sus momentos de juerga. Pero la descripción de esas fiestas eran lo menos importante en la confesión del arrepentido. Porque sólo servían de prólogo para amansar al magistrado para que acepte los sobornos que la banda de Federico “Morenita” Marín ofrecía a cambio de que fueran beneficiados con fallos de Soto Dávila, redactados por los dos secretarios Federico Grau y Pablo Molina, miembros de la banda que distribuía en siete provincias la marihuana que cruzaban desde Paraguay a Itatí.

Tres meses después el juez federal N° 12 Sergio Torres ordenó las detenciones de Soto Dávila, que enfrentaba 13 pedidos de destitución en el Consejo de la Magistratura, y de los secretarios Grau y Molina.

El ex intendente de Empedrado ya estaba preso unos meses antes, junto con su hija Agustina Faraone Sigel y su yerno Joselo Borjas, ambos gendarmes. Era el segundo capítulo de una megacausa que hizo eclosión en 2017, cuando unos 200 gendarmes arribaron a Itatí y detuvieron a más de 20 personas, entre ellos, al intendente de esa localidad Natividad Roger Terán, al viceintendente Fabián Aquino, al comisario Diego Alvarenga, al prefecto Julio Saucedo y al gendarme Gabriel Alcaráz y al subcomisario de la Policía Federal Rubén Ferreyra junto con el sargento Carlos López, quienes con otros efectivos revendían la marihuana secuestrada a los narcos.

Es una muestra palpable de la complicidad política con el narcotráfico, que en esa zona de frontera no puede funcionar sino es a través de un sistema aceitado de corrupción que garantiza el movimiento de grandes cargamentos de estupefacientes.

En el juzgado federal de Corrientes había 4.860 CD con escuchas telefónicas de esta causa de narcotráfico que nunca fueron tenidos en cuenta. Luego de que se unificaran más de 20 expedientes en el juzgado federal N°12 en Comodoro Py comenzaron a aparecer indicios de porqué la justicia correntina no había avanzado contra esta organización narcocriminal.

En el expediente figuraba un testimonio que advertía que Luis “Cachito” Bareiro, uno de los líderes narco, socio de Morenita, “pagó un millón y medio de pesos al juez que estaba de turno, Soto Dávila, por su libertad. Eso fue para que no se hiciera efectiva la captura que pesaba sobre él. Un allegado del juez fue a cenar a la casa de Bareiro para ir a buscar la plata. Molina, el secretario del juez, se encargaba de hacer las transacciones”.

El fiscal federal de Corrientes Carlos Schaefer planteó en varias ocasiones las sospechas sobre el accionar del juzgado.

Morenita Marín, aliado de Bareiro en el tráfico de marihuana, contaba, según el fallo, con una red de inmunidad que le garantizaba el ex intendente de Empedrado Faranoe, dueño del mercado central de esa localidad.

“Me dieron”, le avisó “Morenita” Marín al ex jefe comunal correntino, quien sin dudar contestó: “Cagué, entonces”. Eran las doce de la noche del 7 de octubre de 2016 y el narco oriundo de Itatí, que estaba prófugo, se acababa de enfrentar a tiros con efectivos de Gendarmería en la capital correntina. Con otros cómplices preparaban el envío de un cargamento de marihuana a Buenos Aires.

El ex dirigente del Partido Nuevo y dueño del mercado central de Empedrado, en el límite con Chaco, le ofreció al narco prófugo que se escondiera en esa localidad, donde podía garantizarle protección. Pero estaba preocupado porque el auto en el que huyó Marín estaba a su nombre. “Hacé un boleto de compra venta trucho con algún amigo”, le recomendó el narco.

La camioneta Ford Ranger en la que iban a realizar el traslado de la marihuana, que había llegado desde Paraguay, se las entregó -según las escuchas telefónicas de la causa- Agustina Faraone Sigel, la hija del dirigente político, que es gendarme, como su ex pareja Borja, quien era custodio del juzgado federal de Corrientes y tenía contacto directo con el ex viceintendente Fabio Aquino.

Itatí y Empedrado comparten también otras de las contraindicaciones de su historia ligada al contrabando y devenida luego, por los mismos canales ilegales, al narcotráfico: la pobreza. Más allá del turismo vinculado a la pesca estas dos localidades, que están asentadas sobre la ribera del Paraná, no tienen ninguna herramienta productiva más allá del Estado como árbitro del empleo.

Un estudio del Observatorio Argentino de Drogas, dependiente de la Sedronar, publicado en 2017 señala que el 81,5% de los hogares de Empedrado, que tiene una población de 9.500 habitantes, tiene las necesidades básicas insatisfechas. Pero una de las cifras que más alarma es que 1621 personas son analfabetas (11,31 por ciento).

En Itatí, donde funcionaba el núcleo duro de la banda de Morenita Marín, el vicario de la basílica Derlis Denis Sosa acentuó una explicación tras la captura de este clan narco: “La pobreza lleva a nuestra gente a la oscuridad de los narcos”.

No sólo los narcos se enriquecían con el tráfico de marihuana desde Paraguay, sino que también parte del pueblo subsistía con ese engranaje, como la red de jóvenes en moto y con canoas -provistos con celulares Nokia 210, uno de los pocos que captan la señal allí- que hacían de vigías durante las 24 horas. En Itatí los apodan Chajá, como el pájaro que larga un sonido estridente cuando está en peligro.

En el barrio Ibiray, que está al sur de Itatí, nacen centenares de senderos que desembocan en el río y servían para trasladar la marihuana. Hay algunos por los que apenas pasa una persona. En ocasiones, como han detectado los investigadores, la droga se llevaba a pie desde la costa hasta una nueva zona de acopio en el pueblo o hasta el vehículo que esperaba el cargamento controlado por Morenita Marín. Los “bagayeros” eran grupos de hasta cinco personas que cada uno llevaba dos bultos de 20 kg colgados en la espalda. Los que llevaban la marihuana iban custodiados, con jóvenes armados con pistolas y escopetas o machetes.

Morenita Marín construyó su casa a unos 300 metros de allí, en medio de una zona de monte, donde eligió edificar también las caballerizas para sus caballos de carrera. A pocos metros está la casa familiar de los Aquino, donde vivía Hernán, hermano del viceintendente Fabían Aquino, quien fue detenido con 521 kg de marihuana, junto con Vanesa Sosa, hermana de una concejala.

El vecindario narco se completa con la casa de Luis Bareiro, uno de los más pesados, que está preso en desde abril de 2017, cuando en un operativo de la Prefectura Naval fue detenido en el barrio Ibiray. En su vivienda encontraron más de un millón de pesos y armas. También fueron secuestradas dos lanchas, que la banda supuestamente utilizaba para cruzar la marihuana desde la costa paraguaya.

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