La historia de un oncólogo rosarino narco, un crematorio y una banda de traficantes colombianos

Por Germán de los Santos

¿Qué lo llevó al oncólogo rosarino, especialista en tratamientos del dolor, Gabriel Zilli a transformarse en narco? Él nunca dio esa respuesta. A simple vista su historia parecía cercana a la ficción, a la del protagonista Walter Hartwell White, de Breaking Bad. Un profesional sin antecedentes que decide transformarse en narco. Pero cuando los gendarmes rompieron la puerta de madera y entraron a su casa en Víctor Mercante al 1100, en el barrio de Arroyito, encontraron una escena más que real.

En esa vivienda de clase media, igual a la de su madre, que vive al lado, Zilli había estado cuatro días antes del inicio de la primavera de 2015 cocinando arroz con cocaína con Wilmar Yuriano Valencia Estrada, conocido en el mundo de las drogas como El Especialista, un hombre que se ganó ese mote por camuflar esa sustancia ilegal de las formas más extrañas, en biodiésel, en miel de abejas, en crema de enjuague y en granos de arroz.

En la casa del médico experimentaban un nuevo método para evitar que los escáner de la Aduana detectaran la droga, que el cartel liderado en Argentina por los hermanos Erman y William Triana Peña pretendía enviar a África. Probaban una nueva ruta de contrabando hacia Guinea Bissau, para luego llegar al punto final, a Portugal. Zilli usaba de testaferro para su empresa Samisan SRL a uno de sus pacientes terminales. Lo admitió en la indagatoria ante el juez federal Sergio Torres.

Luis Azula es un paciente mío, portador de cáncer de testículo en estadío 4; es decir que tiene metástasis, que por una cuestión casi incomprensible anda bastante bien hace aproximadamente cinco años. Yo lo asistí durante muchos años a él, y cuando la enfermedad se estabilizó, por una cuestión de generosidad o de agradecimiento él se ofreció a colaborar en lo que yo le indicara”, afirmó el médico, según consta en el expediente Nº7650/2014, al que accedió Aire de Santa Fe.

El oncólogo, que atendía en el hospital Italiano y en el sanatorio Plaza, usó la muerte como su principal coartada. El médico dijo que los cuatro kilos de cocaína que Gendarmería encontró escondido en el cielorraso de su casa estaban destinados a aliviar los dolores de sus pacientes terminales. “De 33 años que llevo de médico, más de 26 años me especialicé en enfermos terminales de oncología. El tratamiento farmacológico de los enfermos terminales se hace fundamentalmente en base a estupefacientes. Los que se usan en Argentina y en el resto del mundo son oxitodona, morfina en sus distintas sales, metadona, hidrocodona, cocaína, marihuana y heroína, que no se consigue en Argentina. Yo llevo firmadas más de 25.000 actas de defunción”, agregó ante el magistrado.

Sus allegados alegan que se contactó con una persona de nacionalidad portuguesa en mayo de 2015 a través de una red social y que a partir de esa relación buscó información para exportar granos y así tener margen para poder importar insumos médicos. Ese contacto es Fructuoso Martins, uno de los engranajes en Europa del cartel conducido por los hermanos Triana Peña. El experimento que llevó adelante Zilli con “El Especialista” en la casa de Arroyito lo cristalizaron en un cargamento que llegó el 12 de setiembre se 2015 al depósito fiscal Binder SRL, en Rosario. Eran 46 toneladas de arroz, que adquirió la firma Samisan, a nombre del enfermo terminal, a una cooperativa tucumana. Luego lo embebieron en cocaína con ayuda de El Especialista.

El arroz formaba parte de un cargamento comprado por Naciones Unidas a través del programa Hambre Cero para ser destinado a África. El cartel de los Triana Peña probaban una nueva ruta de la cocaína que traían de Bolivia. Antes de arribar a Rosario, El Especialista se reunió en un Starbuck de Palermo con William Triana Peña, quien le entregó un bolso con plata y luego se tomó un colectivo en Retiro rumbo a Rosario. Los efectivos de inteligencia de Gendarmería creen que después de traspasar el dinero, William Triana Peña salió del país por una cuestión de seguridad.

Si algo salía mal la cúpula de la organización no debía caer. Y así sucedió tanto Valencia Estrada como los hermanos Triana Peña viajaron luego a Colombia a través de terceros países. Cayeron meses después. El 7 de junio de 2016 fue detenido Valencia Estrada en Cali, mientras hacía los trámites de migraciones en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón. Usaba el nombre falso de Albeiro Pineda Medellín. La sospecha de los detectives judiciales es que la droga llegaba a la Argentina desde Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en avionetas que aterrizaban en pistas clandestinas en el monte chaqueño.

Esto se basa en que parte de los integrantes de la organización viajaban con frecuencia a esa región boliviana, donde –oficiales de inteligencia argentina– creen que tienen una estancia de importantes dimensiones. Además, allí residía Diana Suárez Heredia, de 22 años. La joven es la mujer de “Mey” Vargas Fernández, que respondía a Carlos Olmedo Silva Cárdenas, alias “Mono”. Este ex policía colombiano, de 47 años, era la mano derecha de William Triana Peña, y fue detenido en los allanamientos de setiembre de 2015.

En la causa figuran escuchas telefónicas entre un intermediario rosarino [que no fue imputado], Guillermo Heisinger, el principal lavador se dinero en Argentina, y Carlos Yorelmy Duarte Díaz,  un colombiano que los investigadores lo sitúan como uno de los principales alfiles del grupo. Como se publicó en una investigación en Chequeado.com, que realizó este periodista, los miembros de la banda hablaban de tres inversiones que están tramando en Santa Fe, entre las que aparecen la adquisición del crematorio en Villa Gobernador Gálvez, las negociaciones para adquirir un puerto en la localidad de Fray Luis Beltrán, donde allí se encuentra la Fábrica de Armas de Fabricaciones Militares, y la compra y venta de jugadores con el club Rosario Central.

Cremar dinero

“Pidan lo que quieran pero esto tiene que aprobarse hoy”, urgió a los siete ediles Diego Garavano, el presidente del Concejo Deliberante de Villa Gobernador Gálvez. Aquel 7 de octubre de 2013 sobre la mesa del recinto había una carpeta color verde con el rótulo “Crematorio V.G.G.”, que unos minutos antes había enviado el entonces intendente de esa ciudad, Pedro González (Partido Justicialista), yerno de Garavano.

Carlos Dolce, del Partido Socialista, fue el único concejal que se abstuvo y no aprobó el expediente N° 4933/13. “Sospeché que detrás del crematorio había algún negociado del intendente, pero lo vinculé con el tema inmobiliario”, advirtió. Se equivocó. ¿Quién podía pensar que detrás de la construcción de ese crematorio había un grupo narco transnacional? Esa “inversión” del cartel colombiano liderado por los hermanos Triana Peña formaba parte de las 314 operaciones de lavado de activos, que alcanzaron los 197.395.630,34 pesos y 4.100.561,43 dólares, que detectó la investigación conjunta de Procunar, a cargo de Diego Iglesias, y la Procelac, bajo la dirección de los fiscales Gabriel Pérez Barberá y Laura Roteta.

Esta organización se asentó en el país con el liderazgo de los hermanos Erman y Williams Triana Peña, a través de una red de empresas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en distintas provincias, como Santa Fe, Tucumán y Mendoza, y también en otros países, fundamentalmente Colombia y Panamá.

Con esas compañías lavaban el dinero del narcotráfico. Este cartel buscaba nuevas rutas para el contrabando de cocaína y África aparecía como un destino intermedio para llegar a Europa y Asia. Era la muestra de cómo el dinero del narcotráfico podía colarse por los puntos más débiles del Estado. En este caso un municipio donde las grietas y escasos controles institucionales dejaban el resquicio para que los fondos sucios se blanquearan en obras que no eran necesarias y por las que nadie pedía demasiadas explicaciones.

En esa ciudad asediada por la pobreza y la violencia -ese año se cometieron 38 crímenes- el gobierno local alentaba la construcción de un sistema para incinerar cadáveres. Y nadie, según Dolce, iba a controlar qué cuerpos se cremaban. En ese predio de tres hectáreas junto al cementerio “San Lorenzo” de Villa Gobernador Gálvez, la mutual Provincias Unidas -pantalla que usaba el cartel- pretendía construir un crematorio para incinerar cadáveres.

Esa entidad iba a desembolsar -según el convenio de concesión N° 3369/2013- para $ 19.500.000 y US$ 700 mil. La mutual Provincias Unidas pagó en concepto de canon un adelanto al municipio de $ 2.000.000 el 11 de noviembre de 2014. Un mes después de que el dinero se acreditara en la cuenta N° 0074002 del Nuevo Banco de Santa Fe, Guillermo Heisinger, el arquitecto financiero del cartel y ex funcionario del Ministerio del Interior durante la gestión de Carlos Menem.

Según el expediente, a las 14.26 de aquel 4 de diciembre de 2014, el abogado recibió un llamado de su socio rosarino. Lo primero que le preguntó a Aldo Corizzo fue: “¿Vio la luz lo del crematorio?”. “Ya firmé con el ‘Gordo’ González”, contó Corizzo y preguntó si Carlos Yorelmy Duarte Díaz, uno de los capos colombianos de la banda, había regresado de Uruguay. Tenía que reunirse con él en Rosario para pasarle las novedades.

“Primero firmo lo del crematorio y después lo del puerto”, resumió Corizzo, en esa breve comunicación de dos minutos. Pretendían manejar un puerto en la zona de Fray Luis Beltrán, hacia el norte de Rosario, para exportar los cargamentos de arroz con cocaína de máxima pureza que Wilmar Yuriano Valencia Estrada, El Especialista, preparaba en la casa del barrio de Arroyito con el oncólogo Gabriel Zilli.

Todo quedó en el aire, porque Gendarmería los detuvo en setiembre de 2015. Ahora el caso se prepara para llegar a juicio antes de fin de año. Los Triana Peña contrataron un poderoso estudio de abogados para que lleve adelante su defensa, el mismo que representa al ex ministro Julio De Vido.

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