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Policiales

Pidieron la libertad del organizador de eventos detenido por estafas

El defensor público Sebastián Amadeo solicitó ante la Cámara de Apelaciones que revoque la medida cautelar impuesta a un hombre de 39 años imputado de estafas en eventos sociales.

Por Redacción Aire Digital

S. D. Herrera fue detenido en Rosario, a principios del mes de mayo. Era buscado por una gran cantidad de denuncias por estafas. En audiencia imputativa, los fiscales de Delitos Complejos Laura Urquiza y Leandro Lazzarini le atribuyeron 12 hechos ilícitos cometidos durante el 2018 en perjuicio de 35 víctimas, por un monto de 656.750 pesos. El juez Nicolás Falkenberg impuso la prisión preventiva a pedido de los fiscales el 5 de mayo.

 

Posible pedido de probation

El representante del SPDP, Sebastián Amadeo, apeló la decisión del juez de la IPP y ayer se desarrolló la audiencia de apelación.

Amadeo se centró en los incisos 2 y 3 del artículo 220 del Código Procesal Penal para imponer la medida; es decir: la pena en expectativa y los riesgos procesales. El inciso 1 que analiza la apariencia de responsabilidad del imputado no fue cuestionado por el defensor.

El letrado manifestó que la pena que podría corresponderle a Herrera por los delitos imputados, estafas reiteradas en concurso real, podría ser de ejecución condicional ya que el mínimo es de un mes de prisión. En ese sentido, adelantó que incluso puede solicitar una suspensión de juicio a prueba.

En relación a los riesgos procesales, Amadeo manifestó que no existe peligro de fuga ni de entorpecimiento probatorio. El defensor explicó que el imputado tiene arraigo familiar y laboral: vive con su padre en Santa Fe y se desempeña desde hace diez años como organizador de eventos.

Amadeo minimizó el hecho de que el imputado haya sido detenido en un hospedaje rosarino, tras no haber sido hallado en su domicilio. El letrado expresó que su defendido se fue de la ciudad tras haber sido agredido por uno de los denunciantes, quien además lo amenazó de muerte. Herrera radicó la denuncia en la seccional 3ra y se fue a Rosario “momentáneamente” los primeros días de abril.

Por último, Amadeo expresó que la investigación se basa principalmente en prueba documental que ya consta en la causa y que no hay manera que el imputado pueda entorpecerla en estado de libertad.

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“Cobraba y sabía que no iba a cumplir”

A su turno, el fiscal de apelaciones Jorge Nessier solicitó que no se avale la pretensión de la defensa. El acusador repasó las imputaciones e insistió en la pluralidad de hechos atribuidos y personas damnificadas: doce hechos acreditados de clientes que abonaban el servicio, cuando Herrera “ya sabía que no iba a cumplir” con los compromisos asumidos.

Nessier expresó que los recibos aportados a la causa datan de abril de 2018 a abril de 2019 y suman un monto total de 656.750 pesos. El fiscal manifestó que en algunos casos los clientes se comunicaron con los salones que debía contratar Herrera para los eventos y “en algunos casos a pocos días de la fecha se precisaba que no había reservas”.

El acusador insistió que “ningún evento se llevó a cabo bajo el servicio de Herrera” y que los clientes debieron optar entre suspender la fiesta (cumpleaños de 15, casamientos, recepciones) o redoblar los esfuerzos económicos a último momento para poder llevarla a cabo.

El fiscal hizo hincapié además que el defensor no cuestionó la apariencia de responsabilidad de Herrera en los delitos atribuidos, y que por el concurso real de delitos la posible pena para el imputado será superior al mínimo, y de cumplimiento efectivo.

En relación a la posibilidad de que el imputado sea beneficiado con la suspensión de juicio a prueba, Nessier lo rechazó ya que, como el propio defensor manifestó, el imputado no tiene recursos económicos para fijar una caución. Esto implica que entonces tampoco tiene recursos para resarcir a las víctimas.

En relación al arraigo familiar y laboral de Herrera, el fiscal cuestionó lo expresado por Amadeo. Según Nessier, fue un planteo “contradictorio” ya que la persona ofrecida como guardadora, el padre, era la misma persona que atendía a los clientes cuando iban a buscarlo a la casa. El hombre los atendía y les decía que Herrera no se encontraba o estaba hospitalizado.

“A una de las víctimas le dijo incluso que lo había echado de la casa. Haya sido verdad o haya sido mentira, claramente no puede ser el guardador”, explicó Nessier.

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La palabra del imputado

Por último, Herrera solicitó ser escuchado por el camarista. El imputado comenzó cuestionando el monto atribuido por las estafas y a algunos de los denunciantes. Explicó que algunos de los nombrados no había firmado contrato con él, y que a otra de las víctimas le había reintegrado parte de lo abonado.

Luego se refirió a la denuncia radicada contra uno de los damnificados por golpearlo y amenazarlo, sobre quien además dijo que había cometido “abuso de autoridad” ya que se trata de un funcionario policial.

“Me fui a Rosario porque acá mi vida corría peligro. Me fui antes del allanamiento y me registré con mi DNI. Siempre estuve a disposición de la justicia” manifestó Herrera. Además, defendió a su padre: “mi papá decía eso (a quienes lo iban a buscar) porque no sabía si eran clientes o eran los que me habían amenazado”.

 

Promesas incumplidas

Sobre el proceder delictivo del imputado, en la primera audiencia de atribución delictiva los fiscales Urquiza y Lazzarini detallaron que “el imputado ofrecía la organización de eventos festivos privados. Concretaba reuniones con las víctimas y, mediante ardides y engaños, les solicitaba un adelanto de dinero para la contratación del salón en el que se realizaría el evento, catering, decoración, sonido e iluminación, fotografía y video, mesa dulce y cotillón”. En tal sentido, sostuvieron que “el hombre investigado solicitaba el dinero a sabiendas de que no iba a cumplir con los servicios prometidos”.

“Al paso de unos días, algunas de las víctimas lo llamaban, pero el hombre no las atendía y perdían todo contacto con él. En otros casos, el mismo imputado era el que llamaba a las víctimas para decirles que el salón no estaba disponible y que había que posponer la fiesta, cuando en realidad nunca había reservado el lugar para la realización del festejo”, explicaron los fiscales. “Incluso, en uno de los casos, una mujer llamó a la víctima, se presentó como la madre del organizador de la fiesta y le dijo que no se iba a poder cumplir con el contrato porque el imputado estaba en terapia intensiva”, agregaron.

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