La Justicia de Brasil cargó contra la Argentina en la Operación Lava Jato

Diferencias entre la Justicia de la Argentina y la de Brasil obstaculizaron las investigaciones de la Operación Lava Jato en ambos países. Así lo reconoció la procuradora general de la república brasileña, Rachel Dodge, en un informe al Supremo Tribunal Federal (STF).

“Estorbos en la cooperación jurídica internacional”, fue la expresión que utilizó la procuradora Dodge en una documentación enviada el mes pasado al juez a cargo del Lava Jato en la Corte, Edson Fachin, de acuerdo al diario carioca O Globo, que tuvo acceso al material reservado.

Se refería al caso de la venta de la participación de Petrobras en la empresa transportadora de energía argentina Transener, en 2007, que fue adquirida por el grupo local Electroingeniería tras el pago de US$54 millones y en medio de sospechas de sobornos, entre otros, al entonces ministro de Planificación Federal de Cristina Kirchner, Julio de Vido.

En su informe, la procuradora Dodge recomendó al juez Fachin cerrar la investigación sobre dos senadores, Renan Calheiros y Jader Barbalho (ambos del Movimiento Democrático Brasileño, MDB), ya que había sido imposible citar a declarar a al exasesor de De Vido, Roberto Dromi -exministro de Obras y Servicios Públicos durante el gobierno de Carlos Menem- y al exvicepresidente de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, quienes habrían participado de las oscuras negociaciones de acuerdo con las pesquisas en Brasil.

Según la procuradora, desde mayo de 2016 los pedidos de la Justicia brasileña a la Justicia argentina fueron demorados o contestados con respuestas evasivas.

Dromi y Ferreyra habían sido involucrados en el caso por dos “arrepentidos” que firmaron acuerdos con el Ministerio Público Federal brasileño. De acuerdo a las delaciones premiadas de Néstor Cerveró, exdirector del área internacional de Petrobras, y del lobbista Fernando Falcão Soares, alias “Fernando Baiano”, Electroingeniería pagó jugosas coimas (tan sólo Cerveró reconoció que se recibieron US$300.000) para quedarse con la participación de Petrobras en Transener, que poco antes había sido convenido que sería vendida a una firma estadounidense.

Del lado brasileño también habían sido apuntados como receptores de sobornos Calheiros y Barbalho, así como el exsenador Silas Rondeau y el exdiputado Aníbal Gomes (todos del MDB).

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