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Opinión | Narcotráfico |

La Justicia no parece preparada para juzgar los vínculos entre la política y el narcotráfico

La condena del intendente Varisco a seis años y medio de prisión dejó un sabor amargo en los investigadores del caso. El tribunal cambió la calificación de financiador del narcotráfico a partícipe.

¿Está preparada la Justicia para juzgar el vínculo entre la política y el narcotráfico? El juicio que terminó el lunes con la condena a seis años y medio para el ex intendente de Paraná, Sergio Varisco, es un ejemplo de las complejidades que aparecen en la cuando los jueces están frente a un caso que rompe el molde clásico de aquellos protagonistas que más frecuentan los tribunales: jóvenes pobres, poco formados, que cometen delitos con la misma agilidad de un elefante dentro de un bazar, y generalmente con una violencia desmedida que deja todo a flor de piel. Los jueces y fiscales están acostumbrados a lidiar con esos perfiles, que son los que habitan las cárceles.

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Aunque es una condena histórica la del ex intendente de Cambiemos, a los investigadores de esta causa les quedó un sabor amargo después del veredicto que dio el Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por los jueces Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros. Pretendían que por las pruebas que había en el expediente 961/2016, la condena se acercara a los 10 años de prisión, como pidió en el juicio el fiscal de Cámara, José Ignacio Candioti.

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El caso de Varisco fue diferente desde un principio, no sólo porque el imputado ejercía la Intendencia cuando fue procesado en junio de 2018, sino porque su rol dentro de la organización estaba definido por un esquema de acuerdos con Daniel “Tavi” Celis, el líder de la organización, un narco que también rompía el arquetipo de narco. Un hombre discreto que no tenía una vida ampulosa ni tampoco violenta, pero que su principal capital era el desarrollo territorial a nivel político que tenía en los barrios de Paraná. Esa era la moneda de cambio entre Varisco y Celis, que fue condenado a 13 años.

Dificultades

Ahí está el punto más complicado que la Justicia Federal no logra tabular no sólo en esta causa sino en otras también, como la megacausa de Itatí, en Corrientes, donde los principales eslabones políticos que quedaron imputados en este expediente que tuvo 176 acusados terminaron con penas bajísimas de tres años de prisión, fruto de acuerdos de juicios abreviados. Por ejemplo, el ex intendente de Itatí, Natividad “Roger” Terán, y el viceintendente Fabio Aquino, fueron imputados de ser participes secundarios. ¿Los dos principales referentes políticos de la ciudad correntina que vivía del contrabando de marihuana de Paraguay podían tener un rol secundario? Eran los que tenían la llave del emprendimiento narco.

En la causa Varisco se buscó adjudicarle un rol estático al dirigente radical en esta trama narco. Los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron cambiar la calificación a la hora de la sentencia: de financiador a partícipe necesario, algo que representa un riesgo para el futuro de la causa que va camino a ser apelada en la Cámara de Casación.

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Esa madeja de negociaciones en las que convivían la política y el narcotráfico, como si fueran una sola actividad, desorientó a los jueces del tribunal, que miraron esta causa y este fenómeno de manera estática, anclados en una problemática compleja que se reinventa todo el tiempo.

En la investigación que hizo el juez Leandro Ríos se apuntó a que Varisco era el financiador del narcotráfico, pero a su vez había recibido dinero de Celis para solventar su campaña política que lo llevó a la intendencia.

A la hora de los alegatos, el fiscal Candioti pidió 10 años de prisión, con argumentos sólidos en base a una investigación profunda de este hecho que no comenzó por Varisco, sino por Celis, el principal protagonista del expediente.

El acuerdo con los narcos

Se determinó que Varisco tenía un acuerdo político con Celis, a través de una organización con llegada a los barrios que dominaba el narco: el Movimiento Vecinal Oeste. Aunque la relación entre ambos se remonta a 2011, ese pacto se fortaleció de cara a las elecciones de 2015.

El esquema de funcionamiento de la política y su relación con el narcotráfico es lo que se abordó de manera inédita en la instrucción del expediente N° 961/2016. “Quedó plasmado una peligrosa relación entre las actividades político electorales y el negocio ilícito del tráfico de estupefacientes”, señala la causa.

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El nudo principal de la causa nació de un cuaderno que fue encontrado en la casa de la mujer del narco, donde además se secuestraron 3,4 kilos de cocaína. En ese cuaderno figuraba una anotación con fecha 28 de abril de 2018 de un viaje para abastecerse de cocaína y se “hacía alusión a los 40.000 pesos que le entregaron a Luciana Lemos en una reunión que mantuvo en la Municipalidad de Paraná”. A estos apuntes se suman una escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp que fueron obtenidos por la Policía Federal tras allanar la celda de Tavi en la Unidad Penal N°1 de Paraná.

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En estas escuchas, en su mayoría conversaciones entre Celis y su pareja, quedó probado el acuerdo político que Varisco tenía con este dirigente narco. Pero en las anotaciones, según el expediente, esa relación fue más amplia e incluyó el involucramiento del intendente y funcionarios y concejales del municipio en la comercialización de cocaína. El expediente señala que “el pacto político (entre Varisco y Celis) de 2015 y 2017 se transformó en un acuerdo comercial ilícito”.

Estas sospechas se traslucen en las conversaciones y mensajes de Celis desde la cárcel, con su teléfono Samsung que le secuestran el 6 de setiembre de 2017. Un día antes, el narco le hace saber al concejal Hernández “su fastidio” por la falta de “ayuda” del intendente. Lo presiona con que va a dar una entrevista a un canal porteño para contar toda esta trama. Esa amenaza parece funcionar. Su pareja le escribe desde la sede de la Municipalidad.

“El 5 de setiembre de 2017 se pudo corroborar que Celis y el intendente habían llegado a un acuerdo económico por la suma de 50.000 pesos por mes”, señala el escrito judicial. “Por fin una buena. Arreglé con el intendente”, le escribe por mensaje de texto Lemos a su pareja, que está en prisión. Tras los allanamientos, y el secuestro de cocaína y los cuadernos y escuchas telefónicas, el juez decidió llamar a indagatoria este lunes a Varisco, a quien en el Concejo Deliberante un sector de la oposición le pidió su renuncia.

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