viernes 6 de diciembre de 2019

Ministerio de Salud |

Qué impacto económico tendría la legalización del aborto

De acuerdo al Ministerio de Salud, la legalización no representa un costo sustancial para su presupuesto. Del otro lado del debate, calculan una cifra de $7.000 millones adicionales.

¿Es el aborto el primer problema de salud pública de la mujer en Argentina? Nono lo es pero es un problema que afecta a la población más vulnerable y lo tenemos que resolver“, aseguró el ministro de Salud Adolfo Rubinstein cuando expuso en la comisión del Senado que debatió la legalización del aborto.

El tema, que tiene media sanción de Diputados y hoy se vota en la Cámara Alta, caló fuerte en la sociedad argentina. El acalorado debate se centró en el sufrimiento de cientos de miles de mujeres que todos los años se someten a operaciones clandestinas –que a muchas de ellas termina costándoles la vida– y, del otro lado, quiénes piden “defender las dos vidas”.

Además de las cuestiones medicas, legales y morales, también hubo debate en algunos sectores sobre los eventuales costos económicos de la aplicación de la legalización. Así, los fríos números se metieron en un tema Y tampoco hubo acuerdo, claro.

Rubinstein, y la gran mayoría de los que están a favor de la ley, creen que si se aprueba el nuevo esquema legal no se requerirá de un desembolso importante de parte del Estado. Los que están en contra del proyecto afirman que el gasto público destinado a la su implementación sería una de las líneas más abultadas del presupuesto de la cartera de Salud.

En su presentación en el Senado, Rubinstein explicó que sus proyecciones de gasto actual y futuro están basados en una estimación de entre 370.000 y 522.000 abortos por año. El ministro presentó sus cálculos usando una cifra cerca del borde inferior de la estimación: 354.627 abortos por año.

Desde Salud (y mayoritariamente desde el lado a favor de la legalización) explican que el principal gasto vinculado a los abortos es el costo de las internaciones por complicación. Esos pesos casi que desaparecerían del sistema en el escenario de legalización, ya que en la cartera de Rubinstein proyectan que la totalidad de los abortos se harán usando el medicamento misoprostol, que actualmente no es legal para usos abortivos.

El precio de venta de misoprostol. hoy ilegal para fines abortivos, bajaría sustancialmente de entrar en efecto la Ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE). Pararía de $3.343 a $114, según el ministro.

En la proyección de Rubinstein, la menor cantidad de internaciones por complicaciones es el rubro donde habría mayor ahorro: en promedio, sólo un 10% de los casos donde se administrará misoprostol tendrían reacciones negativas. Así, siguiendo los cálculos oficiales, el costo de cada aborto pasaría de $11.500 a $1.914.

El costo en Salud

El gasto total que implican los abortos clandestinos se ubica en torno de los $4.078 millones. De esa cifra, la mitad la pagan la persona que aborta y el resto se divide en partes iguales entre instituciones médicas públicas y privadas por complicaciones, internaciones y otros. En el escenario de lagalización, el “costo” total sería de $678 millones y el gasto público bajaría un 75% (de $968 millones a $240 millones), con una mayoría explicada por las compras de misoprostol a través de licitaciones del Ministerio de Salud.

Las cifras totales, sin embargo, esconden el hecho que el sector público ya tiene varios costos implícitos en el tratamiento de complicaciones de abortos, con lo cual se dificulta afinar el dato de cuánto del presupuesto de más de $46.000 millones del Ministerio de Salud se usa para tratar los casos más graves. Este es uno de los primeros puntos de discusión de los que están en contra de la legalización. Otro es la cantidad de casos utilizada para calcular el costo total.

Diego Penizzotto es uno de los integrantes de Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida. El grupo, dice el economista, contrario a lo que se puede pensar, no es una agrupación en la que todos los miembros buscan convalidar una visión en contra del aborto. El origen del grupo, argumenta, tiene que ver con un aspecto más técnico. “Nuestro primer reporte lo armamos después de que se aprobara el proyecto en Diputados, es algo que hicimos sabiendo que había una probabilidad alta que se eventualmente se legalice“, asegura.

La primera objeción del grupo se basa en “universo” de casos que plantea el ministro. “Lo que hay que tomar en cuenta no es la cifra bruta de 354.000 abortos sino los ingresos hospitalarios por complicaciones, que según el último dato disponible son unos 47.000 por año“, desagrega Penizzotto.

Un aborto con misoprostol no es una cosa simple como ir y que te den la dosis y te vas a tu casa, hay un proceso previo y posterior“, puntualiza el economista. Desde la agrupación contemplan un escenario donde se explicita la ecografía previa que se hace en todos los casos donde una mujer visita a un profesional de la salud buscando un aborto. Y también incluyen consultas medicas con un panel de expertos previas y posteriores a la administración del medicamento.

Es por eso que el costo para el sector público de la legalización sería $7.009 millones para el año próximo, según los cálculos de Profesionales de Ciencias Económicas a Favor de la Vida. Un aumento importante respecto del escenario actual que ellos plantean de 565 millones de pesos.

“Incluso si se tomara un caso donde fuera menor, digamos $3.000 millones, igual es un desembolso de fondos en un año donde hubo ajustes a la asistencia social y obra pública, que nadie del Gobierno sabe explicar de donde saldrían“, argumenta Penizzotto.

Desde Salud, consideran que esos costos ya existen dentro del sistema y que incluso un leve aumento marginal en el numero de ecografías no sería significativo.

Sí reconocen que la implementación presentará un peso mayor para las provincias, ya que no solo son las que sufren la cantidad de muertes por aborto, sino que también son las que deberán implementar el programa nacional en caso de que la ley se apruebe. Debido a eso, la compra de misoprostol será a través del Ministerio de Salud y también se consideran medidas de apoyo, como fondos adicionales.

Producción por parte del Estado

En un reporte que encargó Nancy González, senadora de Chubut del Frente para la Victoria, se consigna que “la aprobación del proyecto de IVE implicaría una utilización más justa y eficiente del presupuesto de la salud pública”, asegurando una reducción en el costo que el sistema enfrenta a través del tratamiento de casos de complicaciones es de entre 43% y 55%. El porcentaje hace referencia al ahorro que se conseguiría si Salud se encargara de la producción del medicamento.

Rubinstein reconoció durante su presentación que el tratamiento de las complicaciones del aborto no es el principal foco de los recursos de área. Educación sexual, prevención de enfermedades, vacunas y el mantenimiento de los hospitales públicos están entre las cuestiones de más peso. El ministro cree que el tratamiento de las complicaciones por abortos clandestinos son situaciones “evitables” pero que una vez que ocurren no puede dejar de atenderse. Para los autodenominados “pro vida”, en tanto, pasarían a constituirse en uno de los principales gastos de Salud. Más allá de la grieta por el momento insalvable, la última palabra –al menos en esta etapa del debate– la van a tener los senadores, que hoy deberán votar a favor o en contra de la interrupción voluntaria del embarazo.

Fuente: www.infobae.com

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