Aquel fallo disponía que el caso continuara el camino hacia el juicio oral. La defensa del líder sindical apeló, pero su presentación fue desestimada por no cumplir con las formalidades de la acordada 4/2007 para esta clase de escritos, de acuerdo a lo que resolvió hoy el máximo tribunal.
Horacio Rosatti (izquierda) y Ricardo Lorenzetti (derecha) fallaron a favor del planteo de la jubilada. Carlos Rosenkranz (centro) se pronunció en disidencia.
Horacio Rosatti (izquierda) y Ricardo Lorenzetti (derecha) fallaron a favor del planteo de la jubilada. Carlos Rosenkranz (centro) se pronunció en disidencia.
La causa investiga si, en medio de las restricciones del COVID-19 y cuando las vacunas no eran de alcance masivo, existió un plan para hurtar vacunas y cambiar su destino con el objetivo de aplicarlas e inmunizar a personas pertenecientes al Sindicato de Camioneros y Obra Social del Sindicato de Camioneros que no cumplían con los requisitos establecidos por la normativa vigente al momento de los hechos, a cambio de una contraprestación dineraria.
El hecho se conoció en febrero de 2021, luego de que estallara el escándalo que mediáticamente se dio a conocer como Vacunatorio VIP y que derivó en la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, ya fallecido.
En el caso de la causa del sur, la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio de Seleme, procesó a 24 imputados por el robo de 30 dosis de vacunas Sputnik V del Hospital Regional de esta ciudad, entre los cuales estaba el secretario general del sindicato de los Camioneros y exdiputado nacional, Jorge Taboada, parte de la comisión directiva y de la obra social de ese gremio -que integran una lista de 19 vacunados-, y cuatro integrantes del Área Programática Sur, dependiente del Ministerio de Salud de Chubut.
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En la causa se secuestraron teléfonos con los diálogos en un grupo de WhatsApp en donde los flamantes vacunados compartían los síntomas después de recibir la primera dosis. El procesamiento se dictó por incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y encubrimiento y la Cámara Federal de esa ciudad confirmó los procesamientos. El caso quedó en etapa de ir a juicio para 21 personas.
Primero fueron condenadas la enfermera Analía Muñoz (por hurto en concurso con cohecho pasivo, con pena de 3 años en suspenso) y Marcos Paura (empleado de la obra social, condenado por cohecho activo, 2 años y medio en suspenso). Y en una segunda parte se iba a juzgar al resto. Allí Taboada había conseguido a suspensión del juicio a prueba (probation) el tribunal oral a cambio de tareas comunitarias. A fines del año pasado, la Cámara Federal de Casación Penal anuló esa decisión y la defensa buscó apelar a la Corte Suprema de Justicia, pero su recurso no cumplía con las formalidades, fue rechazado y el caso deberá ir a juicio.
La resolución de la Corte Suprema
