Según la causa, la cesión fue pactada a un precio vil, sin concurso de precios o licitación pública y el predio quedó en manos de una persona que habría actuado como testaferro de un funcionario municipal, Pablo Iván Ghio, quien se desempañaba como director de Juventud y Deporte. En la operación intervinieron el intendente Diego Alejandro Bechis, el Jefe de Gabinete Municipal, Carlos Martin Biagiola, un grupo de concejales y el asesor letrado de la Municipalidad de Pilar, Cristian Julio Moyano.
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Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, integrantes de la Corte Suprema de Justicia.
Según la investigación judicial, Bechis, Ghio y Moyano idearon el plan delictivo en procura de beneficiar a Ghio, mediante la transmisión de los predios en cuestión para la realización de fiestas y eventos, ya que él era un reconocido empresario de ese rubro en la ciudad. Con tal objetivo, se elaboraron y pusieron en vigor las ordenanzas y los decretos necesarios para ese proceder, para lo cual entraron con la colaboración de los concejales afines.
La causa llegó a juicio y, tras el rechazo de los recursos de casación ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ, la Cámara 10ª del Crimen ordenó la ejecución de las condenas y dispuso detenciones. Bechis fue condenado a cinco años de prisión por “defraudación calificada por administración fraudulenta y abuso de autoridad” y Moyano y Ghio fueron condenados a cuatro años y nueve meses de prisión. Hubo más condenados.
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Las defensas de Moyano y Ghio apelaron en queja a la Corte Suprema de Justicia, pero los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron las presentaciones por inadmisibles.
