jueves 5 de diciembre de 2019

Policiales |

Imputaron al secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad por el derrumbe del cementerio

La audiencia se desarrolló en la sede del MPA. El secretario de Desarrollo Social Carlos Medrano fue imputado por estrago culposo e incumplimiento de deber de funcionario público.

Redacción Aire Digital

A casi cinco años del derrumbe de una sección del cementerio municipal, un funcionario de la gestión de José Corral fue imputado por el derrumbe del cementario, ocurrido en 2015 que derivó en el inicio de una causa penal que lleva adelante la fiscal de Investigación y Juicio, Milagros Parodi.

Se trata de Carlos Medrano, quien se desempeña como secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de Santa Fe y el cual ya fue identificado por los delitos de estrago culposo e incumplimiento del deber de funcionario público dos semanas atrás.

La causa que investiga la fiscal Parodi se originó en enero de 2015, cuando cedió una pared de la sección 126 del cementerio local y más de mil nichos se vieron perdidos. En ese entonces, además de la actuación policial, los ediles del bloque Justicialista radicaron una denuncia penal en la sede del Ministerio Público de la Acusación y aportaron información relevante sobre el seguimiento y los pedidos de informes que se realizaron desde el Concejo Municipal y que apuntaron al estado edilicio del cementerio  pero nunca fueron atendidos.

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Con esta información suministrada por los concejales y con una pericia realizada por un ingeniero civil, la fiscal Parodi determinó que la causa del derrumbe configuró un “hecho delictivo” y que puede ser atribuido en esta instancia a Medrano al funcionario municipal de la gestión del intendente José Corral.

Tal pericia sostuvo que  el deterioro de la necrópolis era tan evidente que debería haberse notado, y teniendo en cuenta las distintas intervenciones del Concejo Municipal sobre el estado del mismo “de ninguna manera Medrano podía desconocer la necesidad de mantenimiento y el riesgo de derrumbe que presentaba el edificio”.

 

 

Desidia funcional

Tras el derrumbe, el bloque del PJ en el Concejo, representado por Ignacio Martinez Kerz, Sebastián Pignata, Silvina Frana y Juan José Saleme, realizó una denuncia penal. En la misma, los ediles remarcaron que la presentación tenía como finalidad “la necesidad de resguardar el orden público y social, pues no sólo nos resultaría imposible adentrarnos en el sentimiento más puro de los familiares que han visto la destrucción de los nichos donde descansan los cuerpos muertos sus deudos, sino que no podemos dejar de concurrir a ésta instancia ya que desde el año 2012 se observaba una total desatención de la autoridad política hacia la necrópolis local”.

En este sentido destacaron que ya en marzo de 2012 se presentó un pedido de Informes al Departamento Ejecutivo Municipal, que fue aprobado por parte del Concejo para que hiciera saber cuáles eran las medidas de resguardo en la seguridad, higiene y salubridad laboral, entre otras cosas, y cuales eran “las obras proyectadas y/o en ejecución destinadas al mantenimiento, mejora, reforma y/o ampliación de todas las instalaciones”.-

Al no haber obtenido respuestas, en el año 2013 se proyectó una ordenanza que pretendía la declaración del Estado de Emergencia del Cementerio, que no obtuvo sanción pero se resolvió a través de la Resolución Nº 14704 exigir al Departamento Ejecutivo Municipal realizar un relevamiento que determine el estado edilicio y de funcionamiento del Cementerio, debiendo remitir los resultados obtenidos al Honorable Concejo Municipal, junto con la información de las acciones a desarrollar conforme al análisis del estado de situación. Sin embargo, nunca se concretó.

Por último, la denuncia radicada por los concejales graficó que “el derrumbe edilicio de los sectores o construcciones del Cementerio Municipal constituye una verdadera destrucción que reviste extrema gravedad y causa un peligro común general y un peligro actual” y que “esta presentación pretende que se resguarde un bien jurídicamente tutelado, precisamente “la seguridad pública”, comprensivo de la vida, la propiedad y el bienestar general de un número indeterminado de personas y bienes afectados”.

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