martes 10 de diciembre de 2019

Actualidad | Gatillo fácil | Santa Fe | Rosario

La inseguridad como pantalla para fogonear la "tolencia cero", el "enemigo público" y las "víctimas matables"

Dos abogados especialistas en criminalidad analizan el contexto en el que se dan los casos de violencia institucional y el uso letal de la fuerza por parte de la policía. Focalizan en el alarmante mensaje habilitador desde el Estado y un sector de la clase política que, con el pretexto de combatir la inseguridad, fogonean la idea del "enemigo público", la "tolerancia cero", y avanzan sobre "víctimas matables", que en general provienen de sectores sociales más postergados o vulnerados y cuyas demandas no se escuchan ni atienden.

El martes 29 de octubre, al filo del mediodía, Lautaro Saucedo, de 17 años, fue baleado por la espalda cuando un policía de franco servicio le disparó con su arma reglamentaria mientras el adolescente huía tras arrebatarle dinero de la cartera a una mujer de 73 años, en barrio Guadalupe. Un rato después, el chico falleció por una herida gravísima en la segunda vértebra lumbar.

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Con diferencia de horas, en la Villa Urquiza de Rosario, Lucas Santiago Aquino, de 31 años, fue ultimado de un tiro en el cráneo tras una persecución policial que se inició luego de que la víctima escapara junto a un cómplice de un robo a mano armada en una tienda de ropa. Los efectivos que participaron del hecho indicaron que se resistió. La víctima quedó tendida junto al viejo Renault 12 en el que escapaba agonizando frente a vecinos y familiares. Murió casi en el acto.

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El domingo 12 de mayo de 2019 a las 6 de la mañana, Juan Cruz Vitale transitaba en auto con su novia, y al ver un control vehícular sobre la ruta 11 en jurisdicción de Capitán Bermúdez, se asustó, lo evadió y escapó. Una patrulla inició una alocada persecución contra el joven, de 23 años, que se dirigió a la casa de un tío, donde bajó del auto corriendo. Estaba desarmado, pero un policía lo acorraló dentro de la casa, forcejeó y lo terminó matando de un disparo en el cráneo.

Más atrás en el tiempo en Rosario ocurrió otro caso de gatillo fácil emblemático. El 23 de junio de 2017 David Campos y Emanuel Medina evadieron un control policial de rutina, también se asustaron, y comenzó una persecución del Volkswagen UP en el que circulaban. El infernal raid terminó en Cazadores y Callao, en la zona sur, donde se incrustaron contra un árbol y terminaron cercados por varios patrulleros del Comando Radioeléctrico y de la Policía de Acción Táctica (PAT). No tenían armas pero fueron rociados a balazos. Murieron los dos.

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Viente policiales que participaron de ese procedimiento llegarán a juicio por el doble homicidio. Dos de ellos acusados de disparar ocho veces contra las víctimas, el resto de los uniformados está imputado por acciones que desviaron la investigación y tratar de encubrir el hecho. Incluso por plantar un arma dentro del auto a las víctimas.

A Jonatan Herrera, de 27 años, lo mató la policía el 4 de enero de 2016 mientras lavaba un auto en la puerta de su casa. Una patrulla del Comando Radioeléctrico perseguía a un ladrón cuando inexpertos policías de la recientemente creada PAT bajaron de un colectivo y se plegaron al procedimiento. Dispararon a mansalva, indiscriminadamente en dirección a donde huía el ladrón. Pero a mataron a Jonatan por un disparo oficial que le afectó la arteria femoral. Otro le rozó el cráneo. Un policía, que no había aprobado el exámen de tiro durante su instrucción, fue condenado a seis años y medio de prisión.

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Aunque cada hecho tiene particularidades y mecánicas diferenciales, hay patrones comunes que ponen a la policía de Santa Fe en un lugar sombrío en relación a la violencia institucional y el abuso de poder que desemboca en homicidios dolosos. El uso de la violencia letal no siempre se traduce en gatillo fácil, pero todos los casos citados en esta nota están dentro de esa categoría.

Lautaro escapaba, ya no representaba peligro para terceros cuando fue baleado por la espalda, lo mismo que Juan Cruz. Lucas, aunque los policías arguyen que hizo un ademán para extraer un arma, recibió un tiro en la parte posterior del cráneo. Medina y Campos fueron ejecutados a sangre fría. Ni hablar de la flagrante impericia de los agentes de la PAT en el caso Jonatan Herrera.

Intolerancia selectiva

En el libro “Las Cárceles de la miseria” (Loïc Wacquant, sociologo francés) se plantea la tesis en la cual existe un estrecho vínculo entre el ascenso del neoliberalismo y el fortalecimiento de las políticas de seguridad, que resume esa evolución con un fórmula lapidaria: “El repliegue del Estado económico, debilitamiento del Estado social, fortalecimiento y glorificación del Estado penal”.

En apenas dos párrafos Wacquant aborda el concepto de tolerancia cero que tanto se ha alimentado. “Es una designación errónea. No implica la rigurosa aplicación de todas las leyes, que sería imposible -por no decir intolerable-, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria contra determinados grupos de personas en ciertas zonas simbólicas. ¿Dónde está la tolerancia cero de los delitos administrativos, el fraude comercial, la contaminación ilegal y las infracciones contra la salud y la seguridad? En realidad, sería más exacto describir las formas de actividad policial realizadas en nombre de la tolerancia cero como estrategias de “intolerancia selectiva”.

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Algo de eso florece cuando se repasan las prioridades y decisiones que los gobiernos de estas latitudes adoptan para afrontar los emergentes problemas que inquietan a la sociedad, como la inseguridad. Entonces brotan soluciones rápidas: despliegue de uniformados y patrullas, cuadrículas, brigadas especializadas. Al mismo tiempo, al aparato judicial se le exige condenas altas, prisiones preventivas efectivas, persecusión. Al menos en Santa Fe, desde hace por lo menos 15 años que eso parece no alcanzar. El tema es mucho más complejo, pero se esquiva deshojar capa por capa el entramado social de los sectores devastados por las políticas económicas: periferias sin luz, agua potable, iluminación, calles, transporte, servicios básicos. Gente que parece violentada desde el vamos por cada gobierno de turno. Basta con caminar un poco las periferias de las grandes ciudades de la provincia.

Para comprender la problemática, Aire de Santa Fe charló con los abogados Eugenia Cozzi y Santiago Bereciartua, criminólogos, docentes e investigadores en el territorio, egresados de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) con participación en querellas de algunos de los casos de gatillo fácil, y militancia en la Multisectorial Contra la Violencia Institucional.

La fuerza letal y el discurso

“Cuando pensamos la situación de violencia institucional, el uso de la fuerza letal es infrecuente. Pero hay otras prácticas que son violencia institucional y no se visualizan, como los abusos de poder, los malos tratos, el hostigamiento, las persecuciones. En Rosario en particular, por el activismo y las problematización que se expone, no son muertes (las de gatillo fácil) con las cuales después no sucede nada. Se genera un contrapeso de las organizaciones sociales que los exponen públicamente, mientras otros sectores impulsan prácticas punitivistas”, expresó Cozzi, también becaria posdoctoral de CONICET y doctora en Antropología por la Facultad de Filosofía de la UBA.

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Al trazar un primer análisis sobre las prácticas policiales, entiende que "hay que pensarlas en los contextos políticos". “Se toman decisiones en términos punitivos, y de construcción de un enemigo, lo cual va hilvanado con el pedido de mano dura desde distintos sectores y de tolerancia cero. En este momento hay un problema grave de violencia institucional”, advirtió.

Para Cozzi, que investigó en los territorios la participación de jóvenes de barrios periféricos en el mercado de drogas, robos y en situaciones de violencia, se replican desde distintos sectores, incluso los medios de comunicación hegemónicos, los mensajes estigmatizantes que “van moldeando a determinados grupos sociales. Si uno le pregunta a cualquier pibe de un barrio periférico cuantas veces lo abordó la policía, seguramente contestaría que muchas. Sin embargo, eso no pasa cuando se le hace el mismo planteo a un joven estudiante de clase media que va a la facultad o vive en el centro”, graficó.

“Cuando ocurren estos hechos hay que preguntarse si son investigados adecuadamente. Puede ser que se haya hecho uso legal de la fuerza letal, pero hay que investigarlos. Hay que retirar al policía de la función, pero eso no siempre pasa”. Además, vinculó esa cuestión a las decisiones y el rol del Poder Judicial. “Si matan a un chico en un caso de gatillo fácil, no sólo debe intervenir la Fiscalía de Homicidios Dolosos, también la de Violencia Institucional”.

En relación a esa oficina del Ministerio Público de la Acusación (MPA), recordó que no fue creada desde el inicio del nuevo sistema penal (febrero de 2014), sino varios meses después y “a partir de una serie de casos de apremios que hicieron público distintas organizaciones sociales, que lo colocaron en agenda pública. Esa unidad funcionó con una sola fiscal hasta 2019 y con poco presupuesto. A tal punto que por fallas en el abordaje de los casos se reestructuró y se nombró a otro fiscal. Seguimos observando que no llegan a juicio hechos por delitos de corrupción, apremios ilegales o torturas. Esa es una pata muy floja del Estado”, apuntó Cozzi.

Víctimas buenas o malas. Los "matables"

Para la integrante de la Multisectorial contra la Violencia Institucional, hay que poner la mirada en la facultad sancionatoria del Estado, que puede variar según los gobiernos. “Hoy tenemos un contexto más punitivista, tanto a nivel provincial como nacional. Y aunque el uso de la fuerza letal es infrecuente, se provoca la necesidad a partir de otras prácticas. Primero se construye un escenario cuando la policía atropella con malos tratos, allanamientos y detenciones ilegales, apremios, torturas. Si eso pasa sin que nadie diga nada, después parecen quedar habilitados para matar. No hay manera de comprender el fenómeno si primero no visualizamos esos casos, y cómo se preconfigura ese escenario, que cuesta conocer porque no se difunden o las propias víctimas no lo denuncian”.

"Cuando se abre la discusión sobre las políticas de seguridad, surge el concepto de víctimas buenas y víctimas malas. Hay que romper con eso, ir más atrás con las preguntas de por qué algunas muertes no se convierten en víctimas" - Eugenia Cozzi

Otra cuestión medular que analizó Cozzi fue la interpretación que se construye sobre las víctimas desde un sector de la clase dirigente ligada al progresismo. “Cuando se abre la discusión sobre las políticas de seguridad, surge el concepto de víctimas buenas y víctimas malas. Hay que romper con eso, ir más atrás con las preguntas de por qué algunas muertes no se convierten en víctimas. Es que incluso hay situaciones en las cuales el mismo pibe baleado o atacado rechaza esa categoría. En distintos trabajos de campo que realizamos hace un tiempo en sectores complejos de la ciudad advertimos que para algunos hombres la violencia es productiva, se traduce en masculinidad, está ligada al coraje. Hay que ver por qué pasa eso, son los aspectos que hay que abordar con profundidad para comprender ciertas conductas”, expresó Cozzi, quien además indaga en prácticas policiales y de fuerzas de seguridad en relación a los grupos sociales más vulnerables.

Discurso habilitador, el enemigo interno

Para Santiago Bereciartúa “los casos de violencia institucional mostraron “un incremento en el gobierno macrista”, desde donde se salió a categorizar y a responder que las muertes de Rafael Nahuel o de Santiago Maldonado no son parte de la violencia institucional. “En el peor de los casos de que no se determine la desaparición forzada, existe violencia porque no se tiró a nadar (Maldonado) porque sí, lo corrían los gendarmes”, describió el abogado de la UNR, con maestrías en Criminología de la UNL y Adscripto en la Cátedra de Criminología y Control Social de la Facultad de Derecho de la UNR.

“No me sorprende que haya un aumento de gatillo fácil, porque el discurso del Poder Ejecutivo y de la propia ministra de Seguridad habilita la ola de violencia institucional" - Santiago Bereciartúa

“No me sorprende que haya un aumento de gatillo fácil, porque se modificaron las variables del discurso del Poder Ejecutivo, o de la propia ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que es simbólico y habilitador de la ola de violencia institucional. Buscan plantear que el problema de la inseguridad es una guerra con enemigos internos inexistentes, y bajan órdenes a las fuerzas de seguridad para que defiendan a la Nación de esos conflictos en vez de impulsar el resguardo y la garantía de derechos. Es un discurso hegemónico que baja a través de los medios. La doctrina que imponen no es la de salir a prevenir, sino reprimir cualquier atisbo de conducta que ellos interpretan como antisociales o supuestamente desviadas”.

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Santiago Bereciartúa

Santiago Bereciartúa

El profesional, que representó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación como abogado querellante en causas de Lesa Humanidad y representa a la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS Rosario, entiende que “se pone en cabeza de la policía y las fuerzas de seguridad la resolución de conflictos, cuando debería ser la Justicia la encargada de definirlos”

“Es ahí cuando la policía se cree habilitada para hacer Justicia por mano propia. Y aparece la pena, como pena de muerte. Eso, en lo discursivo es muy fuerte. Si se compara con otros países que impulsaron esa guerra hacia el interior, nunca han sido positivas, como en Colombia o México, donde se acrecentaron las víctimas y la vulneración de derechos de la ciudadanía”.

Derrame en Santa Fe

Y señala que ese paradigma se ha derramado también en la provincia de Santa Fe. “Lamentablemente lo ha replicado el ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro. La verdad es que no recuerdo al Ejecutivo hablando de esa manera, empoderando a las fuerzas cruzado por la cuestión de la inseguridad”.

En relación a la capacitación de los policías santafesinos, el abogado recordó que aunque desde hace un tiempo se incrementaron los años de cursados, durante la ley de emergencia en seguridad (vigente entre 2012 y 2016) “se decidió sacar a la calle agentes sin preparación, como ocurrió con integrantes de la PAT, uno de los cuales fue condenado por matar a Jonatan Herrera".

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La mamá y el hermano de Jonathan Herrera, víctima de gatillo fácil, en una de las marchas por justicia

La mamá y el hermano de Jonathan Herrera, víctima de gatillo fácil, en una de las marchas por justicia

En la práctica, por los hechos que se producen a diario, vemos inexperiencia, pocas horas de práctica. Los policías salen a la calle con la intención de prevenir el delito y nos ponen en riesgo a todos. Hay un fracaso de las políticas del socialismo en materia de seguridad. ¿Como puede ser que un joven que por miedo, temor o lo que fuera evade un control policial pero termina muerto tras una persecución? planteó Bereciartúa.

"Hay un fracaso de las políticas del socialismo en materia de seguridad. Como puede ser que un joven que por miedo, temor o lo que fuera evade un control policial y termina muerto tras una persecución" - Santiago Bereciartúa

En relación al caso Saucedo también dejó una reflexión inquietante: ¿Qué lo moviliza a ese policía para disparar, a sacar su bronca? Creo que aparecen otros aspectos graves, como la precarización laboral, los prejuicios. Todo eso es lo que subyace y termina expresándose en violencia institucional”.

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Lo que Cozzi describió como construcción de “víctimas buenas” o “víctimas malas”, Bereciartúa lo refuerza con la idea del “enemigo público”, alimentada un poder político que elabora a esas "víctimas matables". "La policía no expresa su odio o ira con los delincuentes de guante blanco, que siempre tienen acceso al debido proceso. El pibe matable es siempre de un barrio pobre, vulnerable, que está sentenciado de antemano a la pena de muerte. El concepto de seguridad nacional genera víctimas de primera o de segunda, se diferencian por clases sociales. Eso es insostenible en un Estado de Derecho”.

"El pibe matable es siempre de un barrio pobre, vulnerable, que está sentenciado de antemano a la pena de muerte. El concepto de seguridad nacional genera víctimas de primera o de segunda, se diferencian por clases sociales. Eso es insostenible en un Estado de Derecho" - Santiago Bereciartúa

El profesional finalmente retoma el rol de la Justicia. “Se invoca un derecho penal autoritario que apunta contra la característica social de la persona, y no en lo que hizo. La policía se arroga ese derecho y lo toma como ese enemigo interno. Cuando se mira a un pibe que está conflicto con el delito, no importa la prevención o la resocialización, lo que importa es darle muerte. Eso termina justificando el accionar de la policial”.

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