viernes 22 de noviembre de 2019

Internacionales | EEUU

¿Qué resultados dio el acuerdo migratorio entre México y EE.UU. a tres meses de su vigencia?

Para evitar la guerra comercial con Estados Unidos, México accedió a aumentar la seguridad sobre sus fronteras y dio un giro de 180 grados sobre lo que el presidente López Obrador predicó durante su campaña electoral y los primeros meses en el poder.

Por Andrea Romanos

Este martes 10 de septiembre se cumplió el plazo que negociaron los gobiernos de México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos si la administración de Andrés Manuel López Obrador se comprometía a reducir los flujos migratorios hacia el norte.

Tres meses después del acuerdo, la detención de inmigrantes sin documentación en los pasos fronterizos del sur de EE.UU se redujo un 56%, según los datos que dio a conocer esta semana el jefe de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU., Mark Morgan. Desde que se anunció en acuerdo, con un pico en mayo de 144.000 migrantes, el número no ha parado de menguar mes a mes, y en agosto fueron 64.006 los arrestados.

 

Morgan, lejos de mostrarse conforme con unas cifras favorables a sus objetivos, exigió al gobierno mexicano “hacer más” para seguir reduciendo los números. “El jefe de Aduanas y Protección de Fronteras, Mark Morgan, hizo público este dato en la Casa Blanca y, al mismo tiempo, redobló la presión contra el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, a quien instó a “hacer más”.

“Tenemos que asegurarnos de que se mantienen los esfuerzos y que la Guardia Nacional y los 25.000 soldados desplegados se mantienen en el objetivo”, atizó en una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

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Para evitar la guerra comercial con Estados Unidos, en los últimos meses México accedió a aumentar la seguridad sobre sus fronteras y dio un giro de 180 grados sobre lo que el presidente López Obrador predicó durante su campaña electoral y los primeros meses en el poder.

La Guardia Nacional –un cuerpo militar que puso en marcha el ejecutivo– aumentó su presencia en las fronteras mexicanas y durante los 90 días de vigencia del acuerdo, deportó a 52.705 extranjeros.

Su trabajo se centra en vigilar pasos y carreteras elegidas habitualmente por los miles de migrantes que atraviesan México para llegar a Estados Unidos. Sobre el cuerpo pesaron en estos meses las acusaciones de violación de derechos humanos y la sombra de las violaciones de derechos fundamentales se acentuó con la muerte de un hondureño el 1 de agosto a manos de la policía.

Además del despliegue de la Guardia Nacional, México cumpló sin salirse de la línea con un plan de intervención para contener a los flujos de personas en el cual participaron diversas dependencias del gobierno federal para brindar apoyo al Instituto Nacional de Migración (Inami).

Pese al cambio en las políticas, México sigue resistiéndose a claudicar en algunas cuestiones, bajo la voluntad de mantener la benevolencia de cara a sus ciudadanos. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, reiteró la posición firme de su gobierno en la negativa de convertirse en “país seguro”. 

Declararse como tal implicaría que México se considera un destino tan fiable para un solicitante de asilo como lo puede ser Estados Unidos y, por tanto, obligaría a los migrantes que pisen territorio mexicano antes que estadounidense a pedir asilo a las autoridades mexicanas.

A Donald Trump, por su parte, le interesa continuar dando la imagen de mano dura en cuestión migratoria. A las puertas de las elecciones de 2020, el presidente es consciente que si quiere revalidar la elección deberá apelar al electorado al que conquistó con la retórica del muro en la frontera mexicana.

 

 

Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, criticó este lunes el endurecimiento de las políticas migratorias y el acuerdo entre ambos países. En la apertura del último Congreso de la ONU, fue especialmente dura con Estados Unidos y los recientes casos de separación familiar.

“Están poniendo a los migrantes en un creciente riesgo de sufrir violaciones y abusos de derechos humanos“, aseguró la expresidenta chilena, quien calificó el cambio de rumbo en las directrices migratorias como un “retroceso”.

“Los acuerdos para devolver personas a estos u otros países no pueden considerarse legales si no se respetan los derechos humanos internacionales y el derecho de los refugiados”, concluyó Bachelet.

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