miércoles 13 de noviembre de 2019

Policiales |

Dilema en seguridad para la próxima gestión provincial: ¿estaciones policiales, comisarías o ambas?

El Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías que planeó el actual ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, tuvo sus primeros pasos en Rosario, mientras que en Santa Fe existió una intención de aplicarlo. ¿Qué hará el gobierno de Omar Perotti cuando asuma?

 

Por Claudio González 

En septiembre de 2017 el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe anunció un ambicioso Plan de Refuncionalización Integral del Sistema de Comisarías, lo que implica el cierre paulatino de las 32 seccionales de Rosario o su reutilización, para reemplazarlas por siete modernas estaciones policiales. Se presentó como un cambio de paradigma en el servicio de seguridad, que fue acompañado de la dotación de nuevos y más móviles policiales y una central de monitoreo. Para la ciudad de Santa Fe se pensó en tres edificios para reemplazar a las 28 comisarías y, aunque no se especificaron las locaciones, el barrio Yapeyú tendría la primera de ellas. La pregunta es si la gestión que comenzará el 10 de diciembre con el electo gobernador Omar Perotti le dará continuidad al proyecto, lo echará por tierra y seguirá con el viejo esquema de las seccionales barriales, o tiene pensado un esquema mixto.

Según el análisis de los funcionarios del Seguridad, el modelo arcaico de las seccionales trajo aparejado, aunque no en todos los casos, sospecha de encubrir o hacer la vista gorda ante algunos delitos flagrantes. Y ejemplos sobran. Porque en las gestiones socialistas hubo casi 900 policías separados de las fuerzas (exonerados, sumariados o cesanteados) por diferentes delitos, desde connivencia con delincuentes hasta tráfico de estupefacientes, integrar bandas de ladrones, o hechos de gatillo fácil.

El objetivo trazado a largo plazo era terminar con viejas prácticas enquistadas en las comisarías barriales para dar respuesta eficaz y rápida a la demanda de seguridad de los vecinos. En síntesis, concentrar recursos operativos y organizarlos de acuerdo al análisis criminal para luego salir a patrullar en función de esa información, y no bajo criterios exclusivos de los jefes a cargo de las seccionales.

Los gobiernos de Hermes Binner y Antonio Bonfatti cargarán con el peso de haber lidiado con altísimos índices de homicidios dolosos. Y aunque las cifras siguen poniendo la piel de gallina, la gestión de Miguel Lifschitz logró ponerle algo de freno. Así lo muestran las estadísticas.

En la Unidad Regional II (Rosario) el 2012 cerró con 178 homicidios; 2013 con 247; 2014 con 249; 2015 con 224; 2016 con 181; 2017 con 149 y 2018 con 186 (repuntó).

Mientras que en la Unidad Regional I (Santa Fe), la tendencia también marcó una leve baja, aunque en los últimos meses se advierten hechos con extrema violencia con una lógica criminal más compleja, con ajustes de cuentas o asesinatos con tinte mafioso. Eso no ocurría hace cinco años.

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En 2012 en Santa Fe los homicidios dolosos llegaron a 100; en 2013 fueron 108; en 2014 se registraron 153; en 2015 hubo 111; en 2016 mataron a 128 personas: en 2017 hubo 65 crímenes, y en 2018 murieron 82 personas.

Igualmente el problema tiene una raíz social. Porque en muchos de esos hechos hubo víctimas inocentes que sucumbieron bajo el poder de las balas de las bandas en los barrios más profundos de ambas ciudades, problemática que sigue horadando a la comunidad. La gente que reside en esos territorios complejos, lejos de las luces del microcentro, no sabe de estadísticas y reclama tener alumbrado público, transporte con frecuencias razonables, agua potable, cloacas, patrullaje, ingreso de ambulancias. Esa es la “seguridad” que podría devolverles la dignidad.

A largo plazo

Luego de cotejar experiencias y realizar un análisis de la situación, el Ministerio de Seguridad dio un primer paso en 2017 con el objetivo de dar batalla a la inseguridad creciente y a la complejidad delictiva. Entonces anunció la puesta en marcha de la Central de Información Criminal Operativa conocida como “el Ojo”, que funciona en la sede de gobierno de Rosario.

Ese centro de monitoreo aglutina los llamados y denuncias al 911, hace seguimiento en tiempo real de los móviles inteligentes y ordena patrullajes de acuerdo a la demanda. Se trata de un mapeo del delito, con indicadores de violencia a nivel provincial. Pero además apunta al ordenamiento y orientación de la actividad policial en la calle, con foco en la prevención a través del plan por Capas y Cuadrículas que se implementó en las grandes ciudades.

Un diagrama de patrullaje diferente, que ya no depende de las decisiones del comisario sino de un análisis multidisciplinario y concentrado. Rosario, Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Villa Gobernador Gálvez son los puntos de referencia donde se fue implementado ese sistema.

Al mismo tiempo se abrieron Centros Territoriales de Denuncias (CTD) del Ministerio Público de la Acusación (MPA), donde los vecinos pudieron -y pueden- realizar denuncias, recibir asesoramiento legal y mantener un diálogo abierto con profesionales ante situaciones complejas, como violencia de género o doméstica, comercialización de drogas al menudeo, robos, arrebatos. En los últimos años, por falta de capacitación de los policías, atravesados por cuestiones culturales, o por subestimar la problemática, las víctimas de violencia de género o intrafamiliar no siempre encontraron respuesta eficiente y rápida en algunos destacamentos policiales.

Estaciones policiales

“Se trata de un modelo superador que funcionó en otros lugares, como en Bogotá (Colombia). Las comisarías no dan la respuesta a los vecinos que estamos esperando. Son estructuras para una ciudad de 100 años atrás y tenemos que pensar 100 años adelante”, expresó Pullaro en septiembre de 2017 cuando presentó el proyecto de la primera estación policial del distrito sudoeste de Rosario, próxima a inaugurarse.

 

Es más, fiel a estos tiempos de redes sociales el funcionario anunciaba en su cuenta de Twitter: “Así será la Estación Policial del Sudoeste en Rosario. A la Policía del futuro la estamos construyendo en el presente” posteaba el 27 de septiembre, y sumaba un video institucional con la maqueta animada del proyecto.

 

Desde el gobierno indicaron a Aire Digital que la estación policial ubicada en Crespo y Sabatini (barrio Acindar) “está prácticamente terminada salvo algunos detalles”. ¿Qué hará el gobierno de Perotti con el proyecto? Toda una incógnita. Incluso allegados a los mesa denominada “de transición” política con referentes de las gestiones entrante y saliente dicen que el tema no se ha tocado.

 

La otra estaciones policías pensadas para Rosario estarían en Uriburu y Necochea, en la zona sur. En esos espacios se contemplan dependencias amigables para mejorar las condiciones de trabajo de los policías: Gimnasios, dormis para descanso, armerías, auditorios, oficinas de la MPA y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (Sppdp) y CTD. “Es un plan a largo plazo, un cambio de paradigma que no estamos seguros de su continuidad”, arriesgaron fuentes cercanas a Pullaro sobre la política de seguridad que digrama en silencio el próximo titular de la Casa Gris.

 

Ya no funcionan

Como ejemplo de ese cambio ya se han reformulado varias comisarías rosarinas. La 1º de barrio Martin (Juan Manuel de Rosas al 1300) hoy es la base operativa de la Brigada de Orden Urbano (BOU). La seccional 4º (La Paz 450 bis), se reutilizó como referencia de la Policía Comunitaria, mientras que en la 6ª funciona la base operativa de la Policía de Investigaciones (PDI), y en la 11º está asentada la Policía de Acción Táctica (PAT).

 

Hace un mes dejó de funcionar la seccional 3ª (Dorrego al 100) donde se asentará el flamante Organismo de Investigaciones (OI) que comanda desde noviembre de 2018 el criminólogo Marcelo Sain.

 

En la 13ª ubicada en San Nicolás al 2000 se trasladó la Unidad de Protección de Testigos. Y hace pocos días se demolió la seccional 34º de barrio Rucci. El inmueble, construido en la década del 80 con el aporte de vecinos, presentaba serias fallas estructurales con peligro de derrumbe que hacían imposible mantenerlo en pie.

 

Los vecinos y vecinas elevaron su reclamo cuando se enteraron de la desaparición del la seccional. Se reunieron frente al inmueble para pedir que no la cierren y para manifestarse contra el cambio que se va realizar en relación a la logística que pretende llevar la fuerza de seguridad con el patrullaje y el servicio de seguridad en el barrio. Tras la destrucción del edificio, el Ministerio anunció que no se iba a resentir el patrullaje y que la demolición estuvo “consensuada” con los vecinos. En el lugar se puso un destacamento móvil.

Santa Fe

La información sobre el proyecto de estaciones policiales en la capital no es precisa, no hay definiciones concretas. Según las fuentes consultadas se habían proyectado tres grandes módulos. Uno, casi con seguridad, iba a ubicarse en barrio Yapeyú, en el extremo norte, mientras que una segunda se pensaba levantar en terrenos ubicados sobre la avenida Aristóbulo del Valle. La tercera no tenía locación definida.

 

Al menos hasta el 10 de diciembre la gestión de Maximiliano Pullaro mantendrá la idea de este cambio en el servicio de seguridad, que quita el poder territorial a los comisarios de cada barrio y orienta las planificación con mayor presencia policial en las calles.

Cambio cultural

Es palpable que en algunos barrios las comisarías no representan una referencia institucional confiable para los vecinos, también es cierto que sacarlas de raíz exige un cambio cultural y social. Para un vecino de la zonas más empobrecida de Casiano Casas, en Rosario, o Barranquitas oeste en Santa Fe, la comisaría, como el dispensario o la escuela, es el Estado. Y adquiere un sentido diferente que para aquellos que residen en barrio Martin o Guadalupe. Es probable que el primero no sepa donde acudir ante una situación de riesgo, no tenga como llegar, mientras que el segundo tiene a mano desde el patrullero hasta la sede de Fiscalía Regional, lo Distritos municipales, un hospital, un taxi.

 

El desafío es grande, las autoridades salientes lo saben y por eso planificaron un proyecto a largo plazo, con el horizonte puesto en el 2020. Pero ahora se presentan lógicos interrogantes ante el inminente cambio de gestión y signo político.

 

¿Se habla de esto en las reuniones entre los equipos que conforman “la mesa de transición” del gobierno saliente y los sucesores de la Casa Gris? Deberían. Porque lo demanda la ciudadanía y hasta la propia policía que necesita previsibilidad para encarar el trabajo. Y porque fueron promesas que atravesaron toda la campaña política.

 

El electo gobernador Perotti machacó sobre la idea de reducir el delito y conducir a la policía, lo cual también es pensar en los espacios estratégicos para que desarrollen sus tareas con eficiencia. Pero aún no se han dado señales concretas de la futura política de seguridad.

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