jueves 14 de noviembre de 2019

Policiales |

Cordobés preso por robar camionetas en Santa Fe y luego cruzarlas a Bolivia

Se trata de un hombre de 51 años que fue detenido en Jujuy. Hoy un juez santafesino ordenó que permanezca detenido bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Por Ignacio Mendoza

Jorge Adrian Moyano (51), el cordobés imputado de integrar una llamativa banda que robaban camionetas en la ciudad de Santa Fe y la región para luego trasladarlas a Bolivia, será alojado en un establecimiento penitenciario de la provincia por orden del juez de la Investigación Penal Preparatoria, Eduardo Pocoví. El encierro del hombre en un penal provincial se dio en el marco de la causa que investiga una organización criminal cuyo líder fue identificado como “Chancha”, el cual aún no logró ser identificado por María Laura Martí, la fiscal del Ministerio Público de la Acusación que investiga el caso.

Moyano fue detenido el pasado 29 de mayo en la zona de “estación terminal” de la ciudad de San Salvador de Jujuy. Su detención se dio luego de que agentes policiales, del área de automotores de esa provincia, detectaron que la camioneta en la que circulaba el cordobés, una Toyota Hilux, tenía pedido de secuestro de la Justicia de Santa Fe capital, tras haber sido robada el 22 de mayo afuera de una propiedad de Pedro Díaz Colodrero al 1800. Al lado de la misma, se encontraba otra que igual que también había sido robada el 27 de mayo en Gaboto al 1800 de Santo Tomé. Ambas estaban con patentes de vehículos similares.

El hombre quedó arrestado y un día después se informó de la situación a la fiscal que investigaba el caso, la cual tras noticiarse del hallazgo de la camioneta inició el tramite de extradición interna para que el hombre, que dice ser gasista de día y músico de noche, sea trasladado a la jurisdicción santafesina para ser imputado por ser integrante de una “asociación ilícita” que implicó al menos la participación siete personas.

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Este jueves, en una audiencia que tuvo lugar en la Sala I del subsuelo de tribunales, el juez Pocoví rechazó el pedido de la defensa del imputado, a cargo de Sebastian y Maríana Oroño, para que el hombre transite el proceso en libertad e hizo lugar al pedido de la fiscal Martí, de prisión preventiva sin plazos, que mediante una extensa exposición reveló increíbles detalles sobre cómo operó la banda en varias provincias del país.

A la frontera

Según indicó la fiscal, el derrotero criminal empleado por la organización comenzó a principios de mayo cuando, bajo las ordenes de un tal “Chancha”, Moyano y un hombre identificado como José María B., viajaron hasta la ciudad de Rosario para llevar a cabo el robo de una camioneta que estaba ubicada en Ovidio Lagos al 2400. Posteriormente, retomaron viaje hacia Jujuy y dos días después, llegaron a la localidad de Abra Pampa, un pequeño poblado ubicado a 70 kilómetros de la ciudad de la Quiaca, en el limite fronterizo con Bolivia.

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En Abra Pampa, los investigadores lograron detectar, que el hoy imputado junto con José María B., buscaron a otro integrante de la banda. Se trata de un hombre apodado “Koreano” cuyo nombre real aún no pudo ser establecido con certeza. Este jujueño, sería la pata del a organización que llevaría a cabo el paso de los vehículos a Bolivia, los cuales tendrían un destino incierto.

Para evidenciar ello, un informe del Registro de Migraciones de la Nación develó que tanto Moyano con José María B., tuvieron una serie de cruces a Bolivia en el mes de mayo, lo cual reforzó aún más la hipótesis presentada por la fiscal Martí. Por ejemplo, el cordobés Moyano cruzó al país limítrofe, por el paso La Quiaca-Villazon, el 15 de mayo. Anteriormente lo hizo el 21 de abril. En el caso de José María B., cruzó en lo que va del 2019 en enero, febrero, marzo, abril y mayo.

Logística empleada

El eje central de la investigación parte de que la banda se dedicó, por lo menos desde 2018,  a la sustracción de camionetas 4X4 o tipo Toyota Hilux. El robo se hacía mediante la “emulación del sistema centralizado e inhibidor de la alarma”.  Una vez sustraídas de un lugar, eran llevadas hacia una cochera o un galpón. Posteriormente, se adulteraban las patentes para circular la ruta nacional 34 hacia la frontera con Bolivia.

La pesquisa llevada a cabo por la fiscal Martí, detectó además que la organización planificaba medidas que permitían atravesar los controles camineros y no ser descubiertos. Para ello,  utilizaban una serie de tarjetas “azules” apócrifas que coincidían con el vehículo, el chasis y en muchas oportunidades con el motor.

No obstante ello, los integrantes operaban con sumas de dinero en efectivo para que en caso de ser descubiertos ofrezcan una “coima” a un agente policial y así poder seguir circulando por la ruta nacional hasta llegar hacia la frontera con Bolivia. 

 

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