sábado 7 de diciembre de 2019

Política |

Coparticipación: la deuda de Nación con Santa Fe “superará los 80.000 millones en diciembre”

Lo afirmó el ministro de Economía Gonzalo Saglione, en una entrevista con Aire Digital. Las idas y vueltas, promesas y acuerdos incumplidos de una deuda que se fue multiplicando y que ya reclamaron cuatro gobernadores.

Por Coqui Toum

Los primeros meses de 2009, el entonces gobernador Hermes Binner, anunciaba la decisión de ir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en reclamo de una deuda que se empezó a generar en 2006 por el descuento del 15% de los recursos de la masa coparticipable con destino al financiamiento de la seguridad social.

Desde la administración de Jorge Obeid se comenzó a plantear la inconstitucionalidad de esa detracción y se pidió al Ejecutivo que esos recursos sean reintegrados. Al fracasar las gestiones políticas y el diálogo, Binner optó por recurrir al máximo tribunal. Decisión que tomaron también luego otras provincias. Incluso San Luis, ya cuenta con dos fallos favorables para el pago.

No obstante, todos los distritos que han hecho el reclamo, hasta el momento han obtenido los mismos resultados: promesas incumplidas.

 

La foto de marzo de 2010, de Obeid y Binner, en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, durante la argumentación del reclamo ante los jueces, ubicó al tema como una cuestión de Estado. El mensaje fue: no importa quién la cobre, es una deuda de Nación con los santafesinos. Otra prueba de ello es que ese día estuvo presente otro exgobernador. También concurrió Carlos Alberto Reutemann como senador nacional por Santa Fe.

Obeid acompañó a Binner a la Corte en el año 2010
Obeid acompañó a Binner a la Corte en el año 2010. Audiencia realizada en marzo de 2010

Sin embargo, con más de 10 años de reclamo formal y fallo favorable de la Corte para el cobro, desde noviembre de 2015, la provincia no logró que se salde la deuda. Solamente consiguió el cese de la detracción a partir de esa resolución del máximo tribunal.

La decisión llegó un mes antes de la asunción de Macri, que desde un comienzo manifestó voluntad de pago. Esto entusiasmo también a Lifschitz que, incluso hizo planes y propuestas para invertir ese dinero que llegaría a Santa Fe con intereses.

Hace una década, el monto aproximado, de acuerdo al cálculo de intereses que hacía la provincia era de cerca de 10 mil millones de pesos. Según el ministro de Economía santafesino actual, esa cifra rondará los 80 mil millones cuando termine su mandato el actual presidente.

Casi cuatro años de gestiones y reuniones para acordar con Nación un monto y una forma de pago. Con obras, con bonos, mitad y mitad. Las posibilidades que se arrojaron fueron variadas. Que se pague parte de la deuda hasta con fuerzas de seguridad federales sugirió el intendente de Cambiemos, José Corral.

“Estamos convencidos de fuimos institucionalmente por el camino que correspondía. Buscar que una orden judicial se cumpla a través del acuerdo entre las partes, sin necesidad de tener que volver otra vez a la justicia para que ordene su cumplimiento. Creemos que no era necesario ir a la Corte para que uno de los actores de un juicio, cumpla con lo que se había ordenado. Lamentablemente, esa vía que es la elegimos, y por la que transcurrimos durante tres años (2016, 2017 y 2018) no fue efectiva”, sostuvo Gonzalo Saglione.

Para el actual ministro de Economía, a pocos meses de terminar la gestión y de un cambio de signo político en la provincia, la estrategia elegida por la actual administración no fue equivocada.

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“No creemos que haya sido un error de la provincia hacerlo. Creo que es atribuible a una conducta incorrecta de la otra parte. La provincia de San Luis, que optó por el camino alternativo, tampoco logró resultados. Fue directamente a la Corte y está hoy en las mismas condiciones, en tanto y en cuanto tampoco ha cobrado un solo peso de esa deuda”, manifestó.

El funcionario analizó para Aire Digital lo obrado hasta el momento y los posibles escenarios a futuro, en los que una de las opciones es la continuidad de gobierno que prometió pagar y no lo hizo y la otra el retorno de parte de la administración nacional que generó la deuda.

—¿Qué estima puede suceder con la deuda por coparticipación después del 10 de diciembre?
—Primero, los fallos están en firme. Con lo cual no hay nada sujeto a revisión. Hay una deuda del Estado Nacional con el provincial, que se deriva de los fallos del 24 de noviembre de 2015. Lo que queda definir es el criterio de actualización y un mecanismo para hacer efectiva la cancelación de esa deuda. Es lo que intentamos durante estos años y es lo que ha fracasado. Incluso, habiendo existido un compromiso en firme de Nación, asumido por el propio presidente, cuando en el marco del consenso fiscal se comprometió a acordar un mecanismo de actualización y forma de pago antes del 31 de marzo de 2018. Como nada de eso sucedió, sobre finales de noviembre de 2018, fuimos a la Corte (otra vez) para que resuelva, al menos, el primero de los puntos que tiene que ver con el criterio de actualización.

—¿Qué monto han calculado bajo el mismo criterio de actualización que se le aplicó a San Luis?
—Estimamos, dado que la situación de fondo es idéntica a la de San Luis, que la Corte lo va a resolver en idénticas condiciones en cuánto a qué tasa de interés se tiene que utilizar para traer la deuda de esa década a valores del momento en el cuál se empiece a cancelar. Estamos a la espera de un fallo que lo determine, pero la deuda al 30 de junio es algo más de 75.000 millones de pesos. Seguramente, eso superará los 80.000 millones para el momento del cambio de autoridades. Es una estimación obviamente, depende de lo que pase con la tasa de aquí en adelante. Cualquiera sea la autoridad nacional después del 10 de diciembre, debe encontrarse un mecanismo para que esa deuda empiece a ser cancelada.

—¿Esperan una definición de la Corte antes del 10 de diciembre?
—La verdad que no manejo los plazos de las causas judiciales, pero estimo que es absolutamente razonable que no pase mucho más para que la Corte pueda expedirse al respecto. Lo que se resuelve de fondo es idéntico al caso San Luis. Es la inconstitucionalidad de dos detracciones. El 15% a favor de Ansés y del 1,9% a favor de autarquía de Afip. Con lo cual, todo parece que indicar que la tasa con la que se debe actualizar la deuda debe ser idéntica.

—Uds asumieron la gestión con el fallo reciente y con la expectativa de cobrar la deuda y seguramente, la terminarán sin que Nación haya pagado. ¿Qué sensación le deja esta situación?
—Que no se ha cumplido con un fallo me parece desde lo institucional preocupante. Hasta 2015 no se cumplía con la ley que establecía el régimen por el cuál se tenían que distribuir los impuestos nacionales y a partir de esa fecha, gracias al fallo de Santa Fe, empieza a cumplirse, pero no se cumple con el otro aspecto del fallo. Desde lo institucional es grave porque que el propio Estado Nacional incumpla una orden judicial marca algo que no es el deseable para ningún país. La segunda lectura, ya desde lo político, es que durante todos estos años lo que el actual gobierno manifestó en su discurso público no lo efectivizó nunca en los acuerdos para cancelar la deuda. En muchas ocasiones se enunció que había voluntad de pago, pero en los hechos no hubo pago alguno en casi cuatro años de gobierno.

—En virtud de lo dicho y hecho por las actuales autoridades nacionales y de que el principal candidato de la oposición, Alberto Fernandez, manifestó también que saldará esa deuda ¿Puede Santa Fe creer esas promesas de pago?
—De los dos espacios de la famosa grieta, uno es que el que generó la deuda descontando indebidamente recursos durante una década y el otro es el que no cumplió la orden judicial. Qué todavía Santa Fe siga sin disponer de esos miles de millones de pesos es responsabilidad de ambos espacios políticos. Corresponderá a Omar Perotti cuando asuma gestionar el pago de deuda en la gestión que venga, independientemente de cual sea el signo del gobierno nacional y contará con el apoyo, por lo menos de nuestro espacio, para que eso efectivamente suceda. Aquí no hay que pensar que son recursos en favor de un gobernador, sino recursos de los santafesinos que tenemos que defender todos, independientemente de que seamos gobierno o no.

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