jueves 14 de noviembre de 2019

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Cinco claves para entender las causas de la crisis que atravesó Ecuador

Un paquete de medidas para restringir el gasto público, acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en febrero, fue el detonante de las protestas que poblaron las calles del país.

Redacción Aire Digital

Ecuador vive una de las crisis políticas más relevantes de los últimos tiempos. Desde que el gobierno anunció la retirada de los subsidios a los combustibles, grupos de indígenas, estudiantes y transportistas salieron a la calle para protestar contra los aumentos del precio de las naftas, que se encarecieron un 123%.

Como respuesta, el gobierno declaró el estado de sitio y trasladó por unos días la capital de Quito a Guayaquil, pero las protestas no cesaron y, tras 7 muertos y centenares de heridos en varios días de manifestaciones, dieron marcha atrás con un decreto que desató la furia. ¿Qué es lo que ocurre en Ecuador?

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El 1 de octubre, el presidente Lenín Moreno anunció el fin de los subsidios a los combustibles en Ecuador, una ayuda implementada hace más de 40 años que ningún presidente se había atrevido a tocar desde entonces.

La decisión se enmarca en un paquete de medidas para restringir el gasto público en virtud de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzado en febrero que proporciona 4.200 millones de dólares en ayuda para reformas. Con la eliminación del subsidio a los combustibles, el gobierno aseguró que ahorrará entre 1.300 y 1.500 millones de dólares.

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“Son decisiones postergadas durante décadas. Muchos de mis opositores, críticos y futuros candidatos no lo van a decir en público, pero lo dicen en privado”, afirmó Moreno sobre la decisión.

Ese mismo día, Ecuador anunció que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en enero debido a sus dificultades financieras.

 

Poco más de 24 horas después del anuncio, el gremio de transportistas anunció un paro general para protestar contra las medidas, coloquialmente conocidas como “paquetazo”. A ellos se les unieron estudiantes y otros movimientos sociales.

Pero quién realmente tomó la iniciativa a la hora de encabezar las protestas fueron los grupos de indígenas, organizados en la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador (CONAIE). 

Los indígenas, que representan el 25% de los 17,3 millones de ecuatorianos, son el sector más castigado por la pobreza y principalmente trabajan en el campo. La decisión del gobierno los afecta directamente, ya que les obliga a pagar más para transportar sus productos al tiempo que en el país se prevé una inflación generalizada.

 

El Ejecutivo de Lenin Moreno respondió declarando el estado de excepción en el país, lo cual le permite restringir algunas libertades.

El artículo 164 de la Constitución de Ecuador determina que el presidente “podrá decretar el estado de excepción en todo el territorio nacional o en parte de él en caso de agresión, conflicto armado internacional o interno, grave conmoción interna, calamidad pública o desastre natural”.

 

Entre las decisiones que se tomaron estuvo la de trasladar la sede del gobierno desde Quito, donde estaban localizadas las manifestaciones, hasta la ciudad costera de Guayaquil. También se decretó el toque de queda.

Por su parte, la CONAIE anunció como respuesta un estado de emergencia en los territorios indígenas, lo cuál les permite actuar bajo sus propias leyes. Con la decisión amenazaron con retener a los militares y policías que se acercan y aplicarles lo que ellos llaman “justicia indígena”, de acuerdo a sus costumbres ancestrales.

 

 

La Defensoría del Pueblo informó en su último balance de que las protestas contra el “paquetazo” del Gobierno ecuatoriano se saldaron hasta el domingo con siete muertos, 1.340 heridos y 1.152 detenidos. El organismo especifica que entre los detenidos hay un 97 por ciento de hombres y un 3 por ciento de mujeres. Por provincias, el mayor número de arrestos se produjeron en Pichincha (499), seguida de Guayas (309) y Tungurahua (59). 

Este domingo, tras horas de negociación con la mediación de la ONU y la Iglesia católica, ambas partes alcanzaron un principio de acuerdo que implica la derogación del decreto, tal como pedía el movimiento indígena.

“Se ha dejado sin efecto el decreto 883 y eso es para todo el país. ¡Viva el Ecuador! ¡Viva la paz!”, proclamó el líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Jaime Vargas.

 

 

El asunto tiene un protagonista inesperado, el expresidente de Ecuador Rafael Correa. Lenín Moreno lo acusó de instigar un golpe de estado y de querer “instrumentalizar a algunos sectores indígenas, aprovechando su movilización para saquear y destruir a su paso”.

 

 

“Ahora nos llaman golpistas”, le contestó Correa, “cuando los que destrozaron la Constitución y la democracia fueron siempre ellos, cuando hemos tenido dos años de la peor persecución política“. Al dejar el cargo, el exmandatario se trasladó a Bélgica, desde donde observa cómo en su país una decena de investigaciones judiciales lo ligan a diversos casos de corrupción.

Lenín Moreno asumió la presidencia de Ecuador en 2017 después de 10 años de Rafael Correa en el poder. Lo hizo como candidato de este último, pero en este tiempo la relación entre ambos dirigentes se torció hasta el punto de que ahora son máximos rivales políticos.

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