jueves 2 de julio de 2020
Actualidad | internacional | Derechos Humanos | Gritos de la Tierra

Minería: organizaciones ambientalistas de la Patagonia piden que actúe la Justicia internacional

Piden que se suspensa la exploración y explotación de actividades relacionadas con la industria petrolera no convencional y minera.

Con la memoria fresca de la movilización popular masiva que garantizó el derecho de la población de Mendoza a disponer de agua segura al rechazar su uso para la megaminería, varias organizaciones ambientalistas y de pueblos originarios de la Patagonia agrupadas en la Unión de Asambleas Patagónicas (UAP) presentaron a principios de marzo una denuncia y solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para blindar el territorio ante ese tipo de prácticas productivas extractivistas.

Leer más ► Mendoza: Tras la fuerte movilización popular, Suárez anunció la derogación de la "ley minera"

“El sistema de cuencas de ríos patagónicos es sujeto de derechos, por conocimiento ancestral y sentido natural, y debe protegerse como la unidad que es en términos de región patagónica, algo que supera el concepto de interjurisdiccionalidad”, expresó la asamblea en un comunicado.

Esta búsqueda de protección jurídica internacional coincide, además, con una fecha que en la provincia de Chubut tiene una importancia significativa: el aniversario del plebiscito del 23 de marzo de 2003, que terminó con un 82% de la población votando en contra de la aprobación para que una empresa multinacional explotara una mina de oro y plata en las afueras de esa ciudad del sur argentino.

Leer más ► Glaciares en peligro: en Argentina todos están en retroceso, salvo el Perito Moreno

El pedido

La UAP reclama que el gobierno nacional no avance con una ley “de promoción” del sector petrolero y minero “que no cuenta con consulta previa ni a las comunidades indígenas ni a la sociedad”; así como que se suspendan todos los permisos de agua dulce vigentes sea para la minería sea para la industria petrolera “en toda la Patagonia”.

También reclaman la suspensión de la exploración y explotación no convencional de hidrocarburos así como de la minería metalífera, nuclear, de arenas silíceas y de tierras raras en todo ese territorio.

Embed

Un plebiscito histórico

Hace 17 años, en un hecho pocas veces visto en la historia reciente del país, los habitantes de la ciudad chubutense de Esquel votaron para expresar su acuerdo (o no) a un negocio minero que quería instalarse en las afueras de esa localidad a manos de la empresa Meridian Gold.

A pesar del contexto político de ese momento (tanto la intendencia como la Provincia hicieron campaña a favor de la instalación de la minera) el 82% de los votos fue para el “no”, abriendo una nueva etapa de resistencia social ante este tipo de emprendimientos.

Desde ese momento ninguna empresa minera pudo explotar yacimientos en Chubut y la resistencia a la megaminería se extendió como parte esencial de la agenda socioambiental de ese territorio.

De allí salió también el germen de la ley 5001 que prohíbe la actividad en la provincia, cuestionada desde sectores de la política provincial en los últimos meses ante el renovado embate de las multinacionales ligadas a actividades extractivistas.

Leer más ► Agua segura, una deuda pendiente a nivel global

Jurisdicción internacional

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Su trabajo se basa en tres grandes ejes: el sistema de petición individual, el monitoreo de la situación de los derechos humanos en sus estados miembros y la atención a líneas temáticas prioritarias.

Dejá tu comentario