La Justicia de Córdoba resolvió elevar a juicio oral la causa por la tortura seguida de muerte de César Darío Moreno (50), ocurrida en septiembre de 2023 en la cárcel de Bouwer. En total, 11 integrantes del Servicio Penitenciario Provincial deberán enfrentar un proceso penal.
Según la acusación, nueve agentes están imputados por el delito de tortura seguida de muerte, que prevé penas de prisión perpetua. Además, el jefe del módulo donde estaba alojado Moreno será juzgado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, mientras que un enfermero quedó imputado por omitir denunciar lo ocurrido.
De acuerdo con la investigación encabezada por el fiscal José Mana, el hecho no se trató de un exceso aislado, sino de un castigo deliberado bajo custodia estatal.
Moreno no tenía antecedentes penales y había sido diagnosticado con trastorno bipolar. Fue detenido el 16 de septiembre de 2023 tras sufrir una crisis nerviosa en la vía pública y trasladado a la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA). Luego lo alojaron en el módulo MD1 de Bouwer sin medicación.
carcel Bouwer córdoba (1)
Los agentes están acusados de torturar hasta la muerte al interno César Darío Moreno en 2023.
Dos días después, mantuvo una pelea con un guardia y fue reducido. Según la acusación fiscal, lo trasladaron a un sector sin cámaras de seguridad, donde recibió una golpiza extrema, en presencia de un médico que autorizó el procedimiento.
Posteriormente fue inmovilizado de muñecas, tobillos, pecho y muslos durante más de 48 horas, con ataduras mecánicas.
La autopsia, las lesiones y la acusación de tortura
Moreno falleció poco después de ser liberado de las ataduras. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un tromboembolismo pulmonar agudo, vinculado a la inmovilización prolongada y a los politraumatismos sufridos.
El informe forense constató 66 lesiones en todo el cuerpo y concluyó que durante ese período el interno no recibió atención médica adecuada, fue alimentado e hidratado de manera mínima y permaneció en condiciones degradantes.
Para la fiscalía, los hechos constituyen actos deliberados de tortura, y no simples excesos en un procedimiento de seguridad.
Actualmente, la mayoría de los imputados continúan detenidos en Bouwer, mientras que la psiquiatra que convalidó el procedimiento cumple prisión domiciliaria. Si en el juicio oral se ratifica la calificación legal, varios de los acusados podrían ser condenados a prisión perpetua.
