La polémica por Milagro Sala llegó a Washington

El caso de la dirigente jujeña se trató en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. Representantes del Gobierno prometieron cambios para regular las protestas.
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En una audiencia en la que por cuestiones de forma su nombre apenas se mencionó, el caso de la dirigente jujeña Milagro Sala fue sin embargo protagonista hoy en Washington. Ante autoridades de derechos humanos del continente, organizaciones sociales denunciaron “persecución” y una “intolerable situación” en la provincia de Jujuy, mientras que funcionarios provinciales y del Gobierno rechazaron estas acusaciones y argumentaron que solo cumplen la ley.

Como gesto de buena voluntad, representantes del Gobierno anunciaron que estos días enviarán al Congreso una reforma al Código Penal en la que piden que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo una protesta.

El escenario en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano autónomo de la OEA, estaba cuidadosamente planteado: en un lado de la mesa se sentaron alineados los representantes de las agrupaciones denunciantes, y enfrente se ubicaron los delegados del Gobierno nacional y provincial. La delegación de la administración de Mauricio Macri estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos Claudio Avruj y por Jujuy hizo lo propio el fiscal provincial, Mariano Miranda.

La voz cantante de los peticionantes la alzó Horacio Verbitsky, en nombre del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). A su lado estaban miembros de sindicatos de ingenios jujeños. Enfrente de ambos, se situaban los dirigentes de la CIDH que escuchaban los argumentos de ambos y hacían preguntas.

Verbitsky denunció que se ha aplicado “la privación de derechos civiles y políticos absolutamente inconstitucionales a quienes protestan en Jujuy”. Y que la práctica es “primero la represión armada ante cualquier protesta, luego la judicialización y finalmente el retiro de personería” a la organización. Y pidió a la CIDH que reclame al Estado argentino que “advierta a Jujuy que debe atenerse a los estándares de los derechos humanos de la región”, que “cese la persecución, el hostigamiento y la criminalización de la protesta y que se derogue el código contravencional”, que ellos critican.

A su turno, el fiscal Miranda replicó que en su provincia se garantiza el “derecho de peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión y a manifestarse públicamente. En Jujuy no existe ningún mecanismo legal ni de facto que criminalice la protesta social”. Dijo que sólo en el 0,75% de los casos tras protestas sociales se abrieron causas ante la justicia contravencional, mientras que se cortaron 50 calles y hubo 30 acampes. “No existe un ejercicio de aplicación abusiva de las normas del código contravencional”, advirtió.

El secretario Avruj, en tanto, aseguró que “hay un compromiso asumido por el Presidente de trabajar en la construcción de una sociedad que se basa en el respeto, la convivencia y la inclusión, camino que transitaremos respetando los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión”. Y anunció que estos días enviarán al Congreso una reforma al código penal en la que piden que no sea delito de sedición cuando los hechos tuvieran lugar en “ejercicio de derechos humanos y sociales”, como por ejemplo protestas.

Sala fue arrestada en enero de 2015 inicialmente por “sedición”, un cargo que pocos días después fue desestimado por la justicia. Luego fue acusada de otros delitos, entre ellos “extorsión”, “defraudación” y “asociación ilícita” por los que sigue en prisión. El Grupo de Trabajo de la ONU reclamó su liberación inmediata y en su momento la CIDH apoyó ese reclamo.

En teoría, el caso de Sala no podía mencionarse en la reunión porque dentro de la Comisión ya existen pedidos de medidas cautelares que reclaman su inmediata liberación y es en ese marco donde la CIDH debería expresarse. Tanto los representantes de las organizaciones como los del Gobierno evitaron referirse particularmente a Sala, pero insólitamente el caso fue sacado a la luz por el comisionado Paulo Vannuchi, quien agradeció a todos que no hubieran nombrado el caso. Así, de alguna manera abrió el juego para invocar su situación, algo que no cayó bien entre los representantes del Gobierno.

Verbitsky aprovechó enseguida: “No se mencionó a Milagro Sala porque el problema es general en toda la provincia, el Gobierno ha intentado demonizar a una persona exponiéndola como el ejemplo de todos los males”, señaló.

Al final, el comisionado Vannuchi agradeció el “clima respetuoso y sereno” entre las partes y a la Argentina por la invitación a organizar en Buenos Aires el período de sesiones del organismo, donde seguramente el caso Sala volverá a ser protagonista.

Fuente: Clarín

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