Monsanto daña la salud, el ambiente y la alimentación, según juristas internacionales

El "Tribunal Internacional Monsanto" difundió este martes sus conclusiones en La Haya.
CHEMES DIA DEL PADRE

Según las conclusiones del Tribunal Internacional Monsanto, la actividad de la multinacional afecta el derecho a la salud, el ambiente sano, a la alimentación y a la información.

El tribunal es una una iniciativa inédita de la que participaron más de mil organizaciones en la La Haya, en los Países Bajos. Reunieron testimonios y documentos que sirvan para fundamentar la incorporación de la figura de “ecocidio” a los delitos juzgados por Corte Penal Internacional de La Haya.

El “veredicto” fue difundido a nivel mundial este lunes. En Argentina, se transmitió en vivo en el Senado de la Nación.

Cinco juristas escucharon a víctimas, médicos y organizaciones de todo el mundo en octubre pasado. Y analizaron los testimonios junto con documentación a la luz del derecho internacional. En sus conclusiones, respondieron a seis preguntas:

¿Las actividades de Monsanto afectan el derecho a un ambiente sano? Sí, en base a los testimonios y evidencias, el Tribunal “concluye que Monsanto ha participado en prácticas que han afectado negativamente el derecho a un medio ambiente saludable”, expresa el informe.
¿Monsanto lesionó el derecho a la alimentación? “Las actividades de Monsanto afectan la disponibilidad de alimento para individuos y comunidades e interfieren en la capacidad de éstos de autoabasterse o de elegir semillas no modificadas genéticamente. Además, las semillas transgénicas no siempre son accesibles para los agricultores y amenazan la biodiversidad”, afirmaron. A ello, agregan que Monsanto daña el suelo, al agua y al medio ambiente en general. En ese sentido, concluyeron que afecta “la soberanía alimentaria” también se ve afectada y subrayaron que “la contaminación genética de los campos obligó a los agricultores a pagar regalías a Monsanto o incluso a abandonar sus cultivos no transgénicos debido a esta contaminación”. Y advirtieron que existen otros modelos de producción, como la agroecología, que respetan el derecho a la alimentación.
¿Afecta el derecho a la salud? Sostuvieron que sí. En sus argumentos, el tribunal mencionó los “testimonios de enfermedades congénitas graves, desarrollo de linfomas non-Hodgkin, enfermedades crónicas, envenenamiento o incluso la muerte tras la exposición a los productos fabricados por Monsanto”. Asimismo, el Tribunal recordó que la empresa fabricó y distribuyó muchas sustancias peligrosas, como los PCB. A ello, agregaron que el glifosato (ingrediente del herbicida Roundup) es considerado posible cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud.
¿Monsanto violó la libertad de investigación científica? El tribunal consideró que la compañía afectó el “derecho a la libertad indispensable para la investigación científica”, a través de conductas como “la intimidación, desacreditando investigaciones independientes y ejerciendo presión sobre los gobiernos”. Y agregaron: “Adoptar medidas directas para silenciar a los científicos o intentar desacreditar su trabajo constituye una conducta que abusa del derecho a la libertad indispensable para la investigación científica y al derecho a la libertad de expresión. Y afecta negativamente el derecho a la información”.
¿Se puede considerar que hubo supuesta complicidad de Monsanto en crímenes de guerra? En relación al Agente Naraja, fabricado por la empresa y rociado durante la guerra de Vietnam, los juristas consideraron que si la figura del “ecocidio” se incorpora al derecho internacional, Monsanto podría ser responsable.
¿Se puede considerar que Monsanto comete ecocidio? Primero aclaran que ecocidio significa causar daños graves o destruir el medio ambiente de manera que se afecten de manera significativa y duradera los bienes comunes mundiales y sus servicios ecosistémicos. El tribunal opinó que esa figura debería incorporse al derecho internacional. Y que, si se hiciera, las actividades de Monsanto podrían llegar a encuadrarse en esa figura.
Por último, el tribunal alertó sobre la creciente asimetría entre los derechos que se le conceden a las empresas y los derechos humanos a la salud y gozar de un ambiente sano. Alertan sobre las limitaciones que se imponen a la hora de proteger a las comunidades locales y futuras generaciones, en cualquier lugar que dichas empresas actúen.
Los integrantes del tribunal son:

Dior Fall Sow, de Senegal. Consultora de la Corte Penal Internacional. Fue abogada general de la Corte Penal Internacional de Ruanda y es miembro fundadora y presidenta honoraria de la Asociación de Abogados de Senegal (AJS). Es la primera mujer en ser nombrada procuradora general en su país.
Jorge Fernández Souza, de México. Integrante del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. Miembro del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal. Garante en el Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Asesor de la Comisión Nacional de Intermediación (CONAI) entre el EZLN y el Gobierno Mexicano.
Eleonora Lamm, de Argentina. Subdirectora de Derechos Humanos de la Suprema Corte de justicia de Mendoza, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones científicas y Técnicas (Conicet), Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona (UB) y Máster en Bioética y Derecho (UB).
Steven Shrybman, de Canadá. Socio en el bufete de abogados de Goldblatt Partners LLP y ejerce dentro del dominio del comercio internacional y derecho de interés público en Toronto y Ottawa. Director Ejecutivo del Consejo Canadiense y del Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales.
Françoise Tulkens, de Bélgica. Doctorada en Leyes. Desde noviembre de 1998 a septiembre de 2012, fue jueza del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sirviendo como presidenta de sección desde enero de 2007 y luego como vice-presidenta de la corte, desde febrero de 2011. Ha sido miembro asociada de la Real Academia Belga desde 2011.
Los objetivos de la inciativa fueron evaluar los hechos que se recriminan a la empresa Monsanto y juzgar los daños causados por la multinacional en virtud del derecho internacional vigente; valorar los actos de Monsanto desde la perspectiva del delito de ecocidio, cuya tipificación en el derecho penal internacional ha sido propuesta por diversos movimientos ciudadanos; y estudiar la conveniencia de reformar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a fin de incluir en él el delito de ecocidio y de permitir el enjuiciamiento de las personas físicas y jurídicas que presuntamente hayan cometido dicho delito.

 

Fuente: Día a Día

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